Así, la Autoridad Portuaria tinerfeña es la única canaria –y una de las seis autoridades portuarias nacionales– que ofrecen dicha ventaja, elemento que merece una valoración especialmente destacada por parte del Tribunal de Cuentas. Y lo hace en su reciente informe de fiscalización de la aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte durante 2020, y su incidencia sobre la planificación estratégica del sistema portuario, documento que aunque reconoce que, en líneas generales, el cumplimiento de la normativa al efecto en el sistema portuario global aún es muy mejorable, algunos puertos conforman ya la avanzadilla en dichos cumplimientos.

En concreto, los puertos estatales están obligados a hacer públicos los contratos, relación de convenios suscritos, subvenciones concedidas, presupuestos y cuentas anuales. Se suman también los informes de auditoría y las retribuciones de los altos cargos.

Así, la Autoridad Portuaria tinerfeña publica en su portal de transparencia datos como el currículo y retribuciones de su presidente y director, así como su perfil y trayectoria profesional; información de relevancia jurídica, como los proyectos sometidos a información pública, contratos , código ético y el propio Plan de Empresa 2021, esto es, los presupuestos de la Autoridad Portuaria para el año en curso.

Carlos González, presidente de Puertos de Tenerife, reconoce que «aunque queda mucho por implantar para cumplir en su totalidad con la normativa, es cierto que vamos por el buen camino y que nuestro puerto ocupa una posición aventajada al respecto». Sobre todo, si se tiene en cuenta que, «además de ceñirnos a lo que exige la norma, nuestro portal también es pionero en tecnología inclusiva».

Y es que dicha ventaja garantiza, además, los requisitos de accesibilidad a su contenido web bajo criterios de igualdad y no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de aquellas con discapacidad, así como de las personas mayores.

La página web de Puertos de Tenerife fue pionera en el año 2020 en la implantación de diferentes recursos para garantizar el acceso a la información a personas con ceguera, disléxicos, daltónicos, discapacitados cognitivos y personas con problemas de movilidad.

Escapa así Puertos de Tenerife del grupo de autoridades portuarias que, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas, presentan deficiencias en la publicación de la información regulada en la Ley de Transparencia. Y todo ello con datos objetivos, alejados de valoraciones «abiertas» y datos referidos a informes publicados en 2017, en base a los que algunas entidades han colocado a Puertos de Tenerife en un lugar muy lejos del que le corresponde.

La Ley de Transparencia establece obligaciones de publicación que afectan a las entidades públicas para garantizar la transparencia y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. En cumplimiento de esta Ley, la Autoridad Portuaria tinerfeña pone a disposición de los ciudadanos información relevante para garantizar la transparencia de su actividad.