El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) es un impuesto indirecto aplicado en Canarias desde 2001, con el objetivo de proteger la producción local frente a la competencia exterior. Este arancel grava entre un 5% y un 15% a casi 200 productos y alimentos básicos importados al archipiélago.

La Comisión Europea estableció un límite de 150 millones de euros anuales para la recaudación del AIEM, en el marco de las medidas específicas permitidas para las regiones ultraperiféricas según el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, en 2022, la recaudación alcanzó aproximadamente 225 millones de euros, superando en un 50% el límite establecido. Este incremento se atribuye al aumento de las importaciones, impulsado por la reactivación económica post-pandemia y el crecimiento del turismo en las islas.

Ante esta situación, la Comisión Europea está preparando un expediente a España por el incumplimiento de los límites legales del AIEM. La información sobre la superación del tope legal fue revelada por medios digitales canarios, que han desempeñado un papel crucial en la denuncia de esta irregularidad.

La patronal industrial canaria, Asinca, defensora del AIEM como herramienta para proteger la industria local, se enfrenta ahora a cuestionamientos sobre la legalidad y la transparencia en la gestión de este impuesto. La situación plantea un debate sobre la necesidad de revisar el AIEM para garantizar su adecuación a las normativas europeas y su eficacia en el apoyo a la economía canaria.