Fuente: diariodelpuerto.com

Tras la desconvocatoria de la huelga en la estiba y el aplazamiento de una semana en la aprobación del real decreto por parte del Gobierno, toca ahora abrir la mesa en el ámbito de la negociación colectiva para que patronal y sindicatos lleguen a acuerdos que traduzcan de forma satisfactoria el marco general fijado por Fomento en el proyecto de real decreto. Previsiblemente será el próximo martes.

168 horas son las que separan hoy viernes y la hora de comienzo de la reunión del Consejo de Ministros del 24 de febrero, 168 horas para negociar un acuerdo que el Ministerio de Fomento volvió a insistir ayer que no pasa por modificar el contenido del real decreto, sino por encontrar acomodo a las demandas sindicales y patronales en el ámbito del convenio colectivo.

Aún así, las partes siguen entendiendo que el Gobierno debe ser sensible a lo que se acuerde en esa mesa, concuerde o no concuerde en su totalidad con el real decreto, de ahí que patronal y sindicatos insistieran ayer en que Fomento esté presente en esta mesa negociadora y que los sindicatos sigan sin perder la esperanza de poder enmendar el decreto.

Tras haber renunciado públicamente a la fijación de un registro, que la Comisión Europea negaba de raíz, dos son las cuestiones claves que quieren llevar los sindicatos a esta mesa de negociación. La primera tiene que ver con los pasivos laborales y la posibilidad de su extinción por la vía de la indemnización con cargo a las autoridades portuarias. Los sindicatos insisten en que esos pasivos deben ser reasimilados por la vía de la subrogación y el respeto de todos los derechos laborales adquiridos, debiéndose igualmente negociar las condiciones de extinción que ofrece el real decreto y reduciendo la regulación de las plantillas a jubilaciones forzosas y prejubilaciones con cargo al presupuesto público.

La segunda gran reclamación de los sindicatos es que, ante la renuncia al registro, el acceso a la profesión quede garantizado por la exigencia de unas condiciones de cualificación acordes con la alta especialización y los riesgos laborales que comporta la profesión de estibador, de tal forma que esa cualificación esté ligada a la experiencia en el puerto donde se va a ejercer la labor y, además, se pueda demostrar por la continuidad en el tiempo del ejercicio de la labor de estibador, lo que garantiza la productividad, la eficiencia y la seguridad.

Frente a esta posición de los sindicatos se encuentra la patronal, que en las últimas horas ha defendido una postura con respecto al real decreto mucho más taxativa y rigurosa en lo que respecta al proceso de implantación de la reforma, exigiendo la eliminación de algunas de las vías de flexibilización que fija el texto de Fomento. En este sentido, mientras que el Gobierno ofrece un modelo mixto de ETTs y Centros Portuarios de Empleo (CPE) especializados frente a la postura sindical de crear solo CPE restringidos a empresas portuarias, la patronal apuesta por un modelo puro de sólo ETTs.

De la misma forma, mientras los sindicatos abogan por reforzar las exigencias de cualificación, que el decreto establece por tres vías distintas, la patronal aboga por limitar la cualificación a las exigencias que en cada caso plantee la pertinente empresa o ETT.

Más a más, en el caso de los convenios vigentes, mientras el Gobierno exige en el decreto que en el plazo de un año todos los acuerdos laborales contrarios al nuevo marco normativo se adecuen y si no pasarán a ser nulos, la patronal rechaza este periodo transitorio y plantea que decaigan desde el mismo momento de la entrada en vigor del acuerdo.

La priorización en la nueva negociación de todas estas cuestiones centró ayer la reunión que a lo largo de toda la jornada mantuvo el Comité de Empresas Estibadoras de ANESCO en Madrid, con el fin de definir una plataforma de negociación del convenio que llevar a la mesa a partir del marco regulador que plantea el real decreto.

Al término de esta reunión Diario del Puerto tuvo acceso a la fecha de apertura de la mesa negociadora propuesta por ANESCO a los sindicatos, en concreto el próximo martes. En ese momento las partes no deberán olvidar los dos únicos condicionantes de partida fijados por parte del Gobierno: el respeto al contenido del decreto y la aprobación de éste el próximo viernes 24.

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Fomento puso ayer punto y final al proceso de negociación para la reforma de la estiba en lo que respecta al nuevo régimen legal.

Esto implica que el Reino de España no sólo evitaría la sanción de 134.107 euros que podría imponerse por cada día de incumplimiento a partir de la segunda sentencia, sino que también evitaría la sanción de 27.522 euros por cada día de incumplimiento desde la primera sentencia y que a fecha de hoy 13 de febrero de 2017 ya supondría una multa de 21,87 millones de euros.

Tras constatar con “sorpresa”, en palabras del secretario de Estado, que las propuestas sindicales perseveraban en las líneas rojas fijadas por la Comisión Europea y que los planteamientos de la patronal pretendían dejar el real decreto desprovisto de flexibilidad, el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, puso fin tras apenas hora y media a la segunda y última reunión con los agentes sectoriales, anunciándose que el viernes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto ley tal y como estaba previsto y, eso sí, recordando que el consenso y el diálogo no termina y que se abre a partir de ahora un proceso de negociación entre patronal y sindicatos sobre el convenio colectivo en el que se podrán dirimir cuestiones tan sensibles como el tema de los pasivos o la regulación de las relaciones laborales.

En su comparecencia al término de la reunión, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, invitó a los agentes sectoriales a intentar alcanzar un acuerdo en este nuevo marco de negociación colectiva para todas aquellas cuestiones que no hayan encontrado acomodo en el real decreto y siempre dentro de la nueva regulación.

Gómez-Pomar aseguró que el Ministerio de Empleo está dispuesto a mediar en este proceso y confirmó la disponibilidad de ANESCO a participar así como la predisposición del banco sindical. “Abrimos una nueva etapa donde todo se va a tratar en la negociación colectiva”, insistió el secretario de Estado quien, ante las huelgas de la próxima semana, confirmadas por los sindicatos, aseguró que el Gobierno iba a garantizar los servicios mínimos, que estaba previsto que fueran fijados a última hora de la tarde de ayer. Los sindicatos, que aseguraron que estos no eran necesarios al ser la huelga en horas alternas, afirmaron que en todo caso los respetarían.

De esta forma, tras lo vivido ayer y si no hay sorpresas de última hora, el viernes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto de reforma de la estiba y el lunes los estibadores irán a la huelga, trasladándose la presión al Congreso de los Diputados, que en un plazo de 30 días deberá convalidar el decreto, clave para que la Comisión retire la petición de millonarias sanciones económicas ante el Tribunal de Luxemburgo.

Preguntado sobre si el Gobierno ya goza de los apoyos parlamentarios suficientes para convalidar el decreto, Gómez-Pomar anunció que se están manteniendo las conversaciones pertinentes, no sin antes hacer un llamamiento a todos los grupos políticos.

“La sentencia del Tribunal de Luxemburgo fue contra el poder legislativo español por regular en contra de los tratados de la Unión. Por eso llamamos a la responsabilidad de ese poder legislativo para que apoyen al Gobierno en su propósito de cumplir los requerimientos de las instituciones comunitarias. Si no se convalida el decreto habrá que hacer frente a sanciones millonarias y ¿cuándo lo presentaremos de nuevo? ¿Cuándo ya vayamos por 50 millones? ¿Y cuándo lo convalidaremos, cuando vayamos por 100, por 500 millones…? No tiene ningún sentido. Apelo a la sensatez de los grupos políticos y a su apoyo para un texto al que la Comisión ha dado su visto bueno”, dijo Gómez-Pomar.

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La Comisión se compromete a retirar las sanciones en cuanto se convalide el decreto

Esto implica que el Reino de España no sólo evitaría la sanción de 134.107 euros que podría imponerse por cada día de incumplimiento a partir de la segunda sentencia, sino que también evitaría la sanción de 27.522 euros por cada día de incumplimiento desde la primera sentencia y que a fecha de hoy 13 de febrero de 2017 ya supondría una multa de 21,87 millones de euros.

La alternativa con una propuesta que contravenga las exigencias de la Comisión sería automáticamente que España incumpliera por vez primera una sentencia del Tribunal de Luxemburgo y que con carácter inminente a España se le impusieran las citadas sanciones.

De ahí que el Gobierno mantenga este viernes como fecha límite para la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros y que desde Fomento el secretario de Estado hiciera un llamamiento a los grupos políticos para que tomen conciencia de la gravedad de la situación y respalden el real decreto, no sin seguir dispuestos a seguir analizando cualquier propuesta que planteen los sindicatos y la patronal dentro de un proceso negociador que se abrió el viernes y que mañana proseguirá con una segunda reunión.

A ella están convocados, al igual que el viernes, la patronal y los sindicatos desde la máxima, tal y como declaró el secretario de Estado, de que “es negociable todo aquello que cumpla la sentencia y es innegociable todo aquello que la incumple”, insistiendo en los documentos por escrito remitidos por la Comisión y a los que ha tenido acceso este Diario en los que la institución europea rechaza de plano tanto el Registro de Trabajadores Portuarios como los Centros de Empleo Portuarios en los términos que los conciben los sindicatos, ampliamente detallados el viernes por este Diario.

Fuente: diariodelpuerto.com

Diario del Puerto ha tenido acceso al texto completo de propuesta de reforma de la estiba que los sindicatos han negociado en las últimas semanas con la patronal ANESCO y que representa la base del consenso que quieren trasladar a la legislación española pese al rechazo frontal de la Comisión Europea al mismo, según insistió ayer de nuevo el ministro de Fomento.

Dos son los elementos esenciales en torno a los cuales pivota el modelo que abanderan los sindicatos: uno es el REPOR o Registro de Estibadores Portuarios; y el otro es el CPE o Centro Portuario de Empleo, en este caso único instrumento concebido para la puesta a disposición de trabajadores, del que sólo podrán formar parte las empresas estibadoras y que deberá contratar trabajadores únicamente incluidos en el Registro, cuya dimensión determinará una Comisión Tripartita en función de las necesidades laborales existentes en cada puerto de España.

Estos dos instrumentos, cuyas principales características se apuntan en las informaciones adjuntas, articulan un modelo que aboga por la derogación del régimen de autoprestación y de las excepciones que la actual legislación establecía para la manipulación en el tráfico de vehículos nuevos.

De igual forma establece un régimen transitorio para pasar de las SAGEP a los CPE, debiendo tomar las empresas estibadoras una de estas cinco decisiones en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma: liquidar la SAGEP; permanecer en ella para su transformación en CPE; constituir un CPE distinto al de la SAGEP; operar con el CPE pero sin formar parte de él; y operar con personal propio. En cada uno de estos casos, el modelo que plantea el sindicato exige la subrogación con todos sus derechos del personal correspondiente de la SAGEP.

Eso sí, la Administración deberá establecer una compensación en consideración del coste directo en concepto de antigüedad del personal subrogado y el coste indemnizatorio.

Reestructuración

Igualmente se incluye un programa de reestructuración de las plantillas de las SAGEP ante su transformación en CPE durante un periodo de 7 años y que contempla medidas como la jubilación obligatoria de todo el personal que durante la vigencia del programa pueda acceder a la jubilación con el 100% de la prestación por jubilación; así como jubilaciones anticipadas.

Fuente: diariodelpuerto.com

Mientras la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), interlocutora patronal oficial, continúa sin mostrar un posicionamiento claro en torno a la reforma de la estiba propuesta por el Gobierno, ayer la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) pidió la palabra para mostrar su rotundo respaldo a las directrices fijadas por el Ejecutivo.

PIPE, que aglutina a 12 de los grupos terminalistas más importantes de los puertos españoles, trasladó mediante un comunicado “su decidido apoyo a la propuesta del Ministerio de Fomento de acometer una reforma en el modelo de la estiba”. Según PIPE, “la legislación actual, con origen en el régimen franquista y que defiende Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, no se corresponde con la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad de los puertos españoles”.

Así, PIPE “considera necesaria una reforma de las condiciones actuales del sector que nos sitúe a la altura del resto de los países de nuestro entorno y contribuya así al desarrollo socioeconómico del país”.

Para la Plataforma, la reforma que impulsa el Gobierno “dará respuesta, no solo a la Resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a nuestro país a liberalizar el sector, sino también a las reclamaciones que las empresas que operan en el sector han llevado a cabo a lo largo de los últimos años por el deterioro constante de la eficiencia de los activos portuarios de nuestro país”.

Según PIPE, “el actual modelo de estiba ha demostrado estar obsoleto y supone una rémora para el desarrollo futuro de la competitividad de los puertos españoles. Es importante recordar que en la actualidad el 53% del comercio de nuestro país con la Unión Europea se realiza por vía marítima y un 96% en el caso del comercio con terceros países. Además, el valor de las mercancías que se mueven anualmente por los puertos españoles en importaciones y exportaciones alcanza los 200.000 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 20% del PIB español”.

La falta de competitividad con nuestro entorno se deja ver en varios factores, según PIPE, que ve numerosos beneficios en la reforma del Gobierno, sustentándolos en un estudio de la consultora PwC, para quien la implementación de esta reforma tendría un impacto “muy positivo sobre los costes portuarios, que se verían reducidos en más de un 30% de media”.

Encorsetado y exclusivista

En palabras de José Luis Almazán, vicepresidente ejecutivo de PIPE, “el sistema portuario español mueve mercancías por valor de 200.000 millones de euros al año. Es un pilar fundamental en el crecimiento. En cambio, el actual modelo de estiba, ideado en el pasado siglo, es encorsetado y exclusivista, no responde a las necesidades del siglo XXI, impide ser competitivos frente a un mercado global y perjudica seriamente el crecimiento económico”.

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Sin SAGEP, sin registro de trabajadores y con la masa laboral estructurada en ETTs. Este es el carácter esencial de la reforma del régimen de estiba que el Gobierno está ultimando para ser tramitada con carácter inminente como Real Decreto-Ley y que se considera fruto de todo el proceso de negociación sectorial llevado a cabo en los dos últimos años y, por encima de todo, de las líneas rojas marcadas con claridad por la Comisión Europea.

Según aseguraron el viernes fuentes del Ministerio de Fomento, tras un proceso que dura ya dos años, el Gobierno tiene ya cerrado un texto para la reforma de la estiba que ha logrado pasar el filtro de la Comisión Europea y que va a ser tramitado de manera inminente como real decreto ley.

El texto, que se concibe como el fruto de toda la negociación acometida con las distintas partes y no como un punto de partida para una negociación, recoge los dos principios fundamentales establecidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo: libertad de empresa, no pudiendo obligarse a ninguna empresa estibadora a formar parte de ninguna entidad de puesta a disposición de trabajadores; y libertad de contratación, no pudiendo obligarse a ninguna empresa a contratar de determinada entidad de puesta a disposición de trabajadores. Estos dos principios, subrayados desde el Ministerio de Fomento como ineludibles, se traducen en una reforma que acomete una reconversión del sector de la estiba en España donde desaparecerán las actuales SAGEPs y el régimen laboral se regulará conforme a la legislación de las empresas de trabajo temporal (ETTs).

Este modelo quedará vertebrado por las tres líneas rojas establecidas en el proceso de negociación con la Comisión Europea y que son: la desaparición de las SAGEPs y su extinción o transformación en ETTs; la imposibilidad de que exista un registro de trabajadores portuarios en lo alto del sistema que provea a las ETTs, opción rechazada frontalmente por la Comisión; y la absoluta garantía de que las empresas que operan en la actualidad van a estar en las mismas condiciones en cuanto a competitividad de costes de recursos humanos que las empresas que entren nuevas en un futuro.

De esta forma, con el nuevo régimen de estiba en los puertos, la puesta a disposición de las empresas estibadoras de una masa laboral estable quedará garantizada por cuantas ETTs o Centros Portuarios de Empleo quieran prestar en cada enclave este servicio, considerándose los Centros Portuarios unas ETTs especializadas en el sector de la estiba.

Periodo transitorio

Hasta que el sector desemboque en este nuevo modelo, la normativa establece un periodo transitorio de tres años en el que las SAGEPs deberán desaparecer por la vía de la extinción o por la vía de su transformación en ETTs.

En el caso de producirse la extinción de los pasivos laborales de las SAGEP, serán las autoridades portuarias las que asuman los costes laborales de los despidos hasta el 11 de diciembre de 2014, fecha de la sentencia.

El Gobierno quería inicialmente un periodo transitorio de 4 años, pero la Comisión comunicó el viernes que un año ya se ha consumido con el Gobierno en funciones y sólo se puede establecer una transición de 3 años.

Igualmente, la Comisión también exigió el jueves que el Gobierno deberá asumir a través de las autoridades portuarias los costes de los pasivos de las SAGEP, en caso de producirse, no sólo durante el periodo transitorio, sino en cualquier momento del futuro para estos trabajadores y hasta la fecha del 11 de diciembre de 2014.

Desde Fomento se insiste en los condicionantes exigidos por la sentencia y por la Comisión y que, en todo caso, no se va más allá de estos requerimientos ni se entra en cuestiones ajenas.

Una cuestión crítica del proyecto es lo relativo a los potenciales despidos en las SAGEP, que el Gobierno entiende que deben ser costeados desde el ámbito público, en este caso las autoridades portuarias, al considerar que la Administración es responsable de haber mantenido un sistema contrario al derecho comunitario, de ahí que se asuman las consecuencias de su transformación.

Según fuentes de Fomento, el que las autoridades portuarias paguen los despidos es una de las pocas cuestiones de la reforma que puede suscitar alguna duda jurídica, por cuanto se puede considerar ayudas de estado. El Gobierno ha hecho las consultas pertinentes a la Dirección General de Competencia de la UE y se espera una posición favorable.

En este apartado de consultas, el ministro de Fomento ya ha iniciado las conversaciones con las fuerzas parlamentarias para recabar el necesario apoyo para sacar adelante el real decreto ley.

Consultas

A nivel de procedimiento, los ministerios de Economía, Hacienda y Empleo, así como la Oficina Económica del Gobierno, han participado en la elaboración del texto. Aún cuando el decreto ley todavía tiene que pasar los trámites previos, se espera que sea aprobado por el Consejo de Ministros con carácter inminente, abriéndose luego un plazo de un mes para su convalidación en el Congreso, de ahí que haya que configurar una mayoría parlamentaria que es lo que está ya negociando Íñigo de la Serna.

Fuente: diariodelpuerto.com

Tras informar a la Comisión Europea (CE) de su propuesta para la reforma de la estiba en España, el Gobierno tiene previsto hoy lanzar definitivamente el proceso que en dos meses, tal es la intención, debe permitir que la reforma vea la luz con el consenso de todas las partes implicadas: CE, Gobierno de España, fuerzas parlamentarias y agentes sectoriales.

Para ello, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha convocado hoy a sendas reuniones a los representantes de la patronal ANESCO y de los principales sindicatos de estiba con el fin de poner sobre la mesa las claves que se ha marcado el Gobierno en este proceso, detallar los principales condicionantes e informar de los pasos que se quieren seguir.

Pese a la urgencia que plantea la reforma por la seria amenaza de cuantiosas sanciones económicas que planea sobre el proceso, las de hoy (está previsto el encuentro con ANESCO durante la mañana y ya por la tarde con el sindicato de estiba Coordinadora) serán las primeras reuniones formales de representantes de los agentes sectoriales de la estiba con el Ministerio de Fomento desde la toma de posesión del nuevo Gobierno a comienzos del pasado mes de noviembre.

Han sido tres meses en los que, dados los cambios en el Gobierno en general y al frente del Ministerio de Fomento en particular, el Ejecutivo ha revisado la situación de la reforma, los objetivos, los condicionantes y las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE y de la Comisión Europea hasta alcanzar un consenso interno con una nueva propuesta que, tal y como ayer adelantó este Diario, ha sido ya dada a conocer a la Comisión Europea, pues su respaldo se considera indispensable para eliminar del proceso cualquier inseguridad jurídica y que en el futuro se produzcan sanciones agravadas por la reiteración en el incumplimiento.

Se espera que con carácter inminente la Comisión Europea informe a España sobre su valoración de dicha propuesta, de tal forma que si se logra una posición de consenso el Gobierno español active en estos primeros días de febrero la búsqueda del apoyo de las fuerzas parlamentarias, dado que el Ejecutivo no goza de mayoría en el Congreso.

En este ámbito, tal y como ayer recogía Diario del Puerto, el Gobierno quiere contar de forma particular con el apoyo y consenso del Grupo Parlamentario Socialista y seguir una tramitación en la línea de los recientes pactos alcanzados con el PSOE. Se quiere apostar por tramitar la reforma por la vía de un decreto ley que sea consensuado antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, para a continuación convalidarlo en pocos días por el Congreso de los Diputados, gracias al consenso previo.

Esta hoja de ruta, a la que hay que unir el proceso de diálogo con los agentes sectoriales que arranca hoy, debe desembocar en lograr la aprobación definitiva de la reforma a finales de marzo o principios de abril, que es el nuevo plazo que ha fijado la Comisión con el telón de fondo de la segunda denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo.

Fuente: diariodelpuerto.com

Los estibadores de Las Palmas, a través de su Fundación Belén María, colaboran con la ONG ADSN (Acción Directa Sierra Norte), proporcionando una plancha sobre la que trasladar el contenedor reconvertido en cocina, «movil kitchen», con la que, desde principios de febrero, comenzarán a paliar la crisis alimentaria de los miles de refugiados que se hacinan en los campos de Grecia.

Julio García Ruiz, chef y voluntario en los campos de refugiados de Lesbos, tuvo la idea de crear una cocina-catering móvil, capaz de elaborar 2.000 raciones de comida sana, equilibrada y ajustada a posibles alergias alimentarias, por turno, en la que además de los voluntarios de la ONG que representa, ADSN, pudieran colaborar habitantes de los campos para paliar la crisis alimentaria de los refugiados de Grecia. Además, la cocina está equipada con envasadora de tarrinas termo-selladas, a las que se añade etiqueta identificativa de elaboración e ingredientes en cada partida, que permite el abastecimiento a varios puntos próximos con garantía de salubridad e higiene.

Fuente: diariodelpuerto.com

La Autoridad Portuaria de Las Palmas comenzará este fin de semana con la obra «Aumento de Calado Puerto del Rosario 2º fase».

Las obras proyectadas son las necesarias para la preparación de fondos para las futuras estructuras portuarias y, con ello, concluir las operaciones de regeneración de la playa de Los Hornos.

El proyecto propone la regeneración del borde litoral comprendido entre la actual Playa de Los Hornos y la Punta de Los Pozos con la simple aportación de arena, sin construir obras de abrigo adicionales o ampliar las ya existentes. La playa encajada propuesta constituye, en definitiva, la máxima playa de arena posible que pueden contener los dos diques existentes.

Solución que requerirá de 82.700 metros cúbicos de arena para el acondicionamiento de la playa diseñada.

La draga Thor-R es la encargada de los trabajos y está previsto que llegue a Fuerteventura hoy. Tiene una capacidad de cántara de 2.507 metros cúbicos, una carga media de cántara para la obra de 1.200 metros cúbicos y un rendimiento medio de 7.400 metros cúbicos/día. Por lo que en condiciones normales y, sin incidencias que lo impidan, se estima que el tiempo aproximado de trabajo será de 14 días.

La empresa adjudicataria de las obras, por 707.723,45 euros, es PTO. Rosario II UTE, conformada por Rohden Nielsen S.A y CYES Maritime Works S.L.

Fuente: www.puertos.es

Más de 32,6 millones de pasajeros pasaron por los puertos en 2016. Los puertos de interés general ofrecen 1/3 de los más de 100.000 amarres deportivos disponibles en España

Puertos del Estado participa en la 37ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con una completa y variada oferta que conjuga la modernidad y centralidad de sus instalaciones para recibir tanto a pasajeros como a barcos deportivos, con la posibilidad de conocer y hospedarse en alguno de los 187 faros que recorren nuestras costas.

El tráfico de pasajeros, que cerrará el año 2016, según estimaciones, con más de 32,6 millones de pasajeros de línea regular y cruceros, de los cuales algo más de ¼ parte serán cruceristas, marcando máximos históricos año tras año, confirma la tendencia al alza de un turismo que valora la centralidad y comodidad de las instalaciones portuarias como inicio o destino de sus recorridos por las ciudades que los albergan.

Así, el número de cruceristas que pasaron por los puertos españoles superó los 8 millones de personas en los once primeros meses del año 2016, con un incremento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Según estos datos, las previsiones apuntan a que el cierre definitivo del año deparará un nuevo máximo histórico, superándose los 8,7 millones de cruceristas y los 4.000 barcos de crucero.

Además, a la tradicional oferta crucerística, se unen los puertos deportivos que ofrecen cerca de 1/3 de los más de 100.000 amarres existentes en las costas españolas, siempre situados en zonas céntricas y privilegiadas de las ciudades, y la posibilidad de acceder a los alojamientos que se crearán en los muchos de los 187 faros que existen en nuestras costas.

LOS PUERTOS, UNA CONTRIBUCIÓN DECISIVA PARA EL TURÍSMO ESPAÑOL

Los puertos de interés general del Estado se presentan en la feria internacional de turismo FITUR como una alternativa diferente para conocer España. Bajo lemas como: «Alfombra Azul: Adéntrate en España a través de sus puertos», “Puertos deportivos, en el corazón de la ciudad”, o “Faros de España, nuestro destinos tienen estrella” la propuesta presenta a nuestros puertos y sus faros, con instalaciones modernas, competitivas, ubicados en las rutas de los principales destinos turísticos, y en lugares con paisajes únicos. Puertos preparados para acoger el tráfico de cruceros y a la náutica deportiva con los más altos estándares de calidad, seguridad y servicios, y desde los que se puede conocer nuestras ciudades y el resto de nuestra geografía.

La Administración ha hecho un importante esfuerzo para convencer a las compañías navieras y a los operadores turísticos de la magnífica opción que representa incluir a los puertos españoles en sus rutas. A las rebajas de tasas y bonificaciones que se han aplicado durante los últimos años, se han unido otras medidas como la ampliación de los plazos concesionales para aquellas compañías que acometieran nuevas inversiones en sus instalaciones, y la congelación de las tasas.

A todo ello hay que unir el esfuerzo desplegado por Ayuntamientos y organizaciones turísticas a nivel local y autonómico, que han ideado interesantes rutas y ofertas para conocer en las pocas horas o días que pasan en los puertos la oferta cultural de sus ciudades o provincias.

Según informes publicados por la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA), el impacto de la actividad económica del sector crucerístico en España se cifra en un volumen de negocio superior a los 1.255 millones de euros, generando un total de 26.389 empleos.