Fuente: diariodelpuerto.com

«Mirando a los puertos del futuro H-2030». La sesión del programa de conferencias FuturePort, centrado en la industria portuaria y que se celebra a lo largo de esta semana en el marco del evento World Maritime Week 2017 en Bilbao Exhibition Centre (BEC), arrojó algunas certezas pero más interrogantes sobre el futuro más inmediato que le espera al sistema portuario nacional e internacional, teniendo en cuenta los muchos cambios económicos, políticos, energéticos, tecnológicos y sociales que vive un mundo cada vez más globalizado e interconectado.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, intervino en la tarde del pasado miércoles en la sesión de apertura del panel «Cold ironing» para avanzar algunos de los retos que se vislumbran en el panorama portuario fruto del cada vez más acelerado ritmo de los cambios, así como de las numerosas incertidumbres que siguen condicionando dichos cambios.

La evolución de factores capitales como el petróleo y el mix energético; el mapa geopolítico con fenómenos tan relevantes como inesperados como el Brexit o la presidencia de Donald Trump; los imparables procesos de digitalización, automatización y robotización, también en el sector marítimo-portuario fueron algunos de las premisas que llevaron a Llorca a confirmar la gestación de una nueva etapa de cambio en la economía global que lleva a los puertos a nuevas dinámicas que requieren de nuevas formas de pensar y actuar.

«Smart» y «Green»

Una consecuencia prevista de dichos cambios, según apuntó, es la disminución en un horizonte de cinco o, a lo sumo, de diez años, de los tráficos de graneles líquidos a escala global, dado el avanzado desarrollo de las nuevas alternativas energéticas.
Conceptos como los puertos «Smart» y Green», ligados tanto a la sostenibilidad medioambiental como a la digitalización y el manejo de grandes volúmenes de datos («Big data»); la menor necesidad de hacer un uso extensivo del suelo portuario; la creciente presión social sobre los núcleos portuarios, o el desarrollo de conceptos que van más allá de la intermodalidad y que están referidos a la «trimodalidad» o «sincromodalidad» fueron repasados también por Llorca en una sesión que se centró posteriormente en el «Cold ironing» o suministro de electricidad de buques en puerto de tierra a barco.

Fuente: diariodelpuerto.com

Los sindicatos de estiba Coordinadora, UGT y Comisiones Obreras y la patronal ANESCO están llamados mañana miércoles a una nueva reunión de la mesa negociadora para la reforma de la estiba, en la que se espera que se reincorpore el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Empleo, tras su ausencia del encuentro que para analizar la negociación del convenio mantuvieron el jueves los agentes sectoriales.

Sobre la mesa estarán las tres plataformas de negociación, la del Gobierno, la de los sindicatos y la de ANESCO, la última en darse a conocer.

De esta forma y de manera preferente, el Gobierno a través de los representantes de Fomento y Empleo deberán mañana dar en la reunión una respuesta formal a la propuesta de los sindicatos, que está basada en una subrogación que el Gobierno rechaza de plano, mientras que los sindicatos deberán a su vez dar respuesta formal a la propuesta de la patronal.

Según fuentes del sindicato Coordinadora consultadas ayer por este Diario, el banco sindical mantiene su rechazo total a las propuesta de ANESCO en el ámbito laboral, sobre todo en lo relativo a las cambios propuestos en la jornada y la disponibilidad así como en lo que respecta a la reducción de los costes laborales por la vía de una reducción del salario del 30%.

Igualmente, Coordinadora, tras un posterior análisis en detalle de la propuesta de ANESCO, considera que la patronal en modo alguno plantea una garantía para el empleo, “más bien al contrario”, se asegura, de ahí que el banco sindical no sólo rechace de partida estos postulados sino que, además, rechaza que la propuesta de ANESCO pueda servir como plataforma base para la negociación.

Desde el ámbito sindical se insiste en el, a su juicio, importante esfuerzo en su masa salarial que contempla su propuesta, con una aportación del 1% para las prejubilaciones, además de un 5% de reducción en los conceptos salariales de productividad, que aún no se ha explicitado en un documento pues Coordinadora lo planteó verbalmente en la reunión del jueves y la propuesta de ANESCO no dio lugar a entrar en detalles.

Precisamente la patronal ANESCO tenía previsto ayer celebrar en Madrid reunión de su Comité Ejecutivo de Empresas Estibadoras, con el fin de analizar las reacciones a su propuesta de acuerdo y preparar la reunión de mañana.

Fuente: diariodelpuerto.com

Apenas una hora ha durado esta mañana la reunión entre los sindicatos de estiba y la patronal ANESCO en torno a la negociación colectiva, en el marco del proceso de reforma de la estiba. La patronal ha presentado en la mesa su propuesta de acuerdo tripartito que ha sido rechazada de forma abrupta por los sindicatos, que consideran inadmisibles los planteamientos de las empresas en torno a las mejoras organizativas y productivas. Esto sitúa el proceso negociador en su momento más complicado.

La propuesta de ANESCO incluye importantes transformaciones en lo que se refiere a horarios, turnos, nombramientos y disponibilidad de los trabajadores.

Igualmente, ANESCO hace una propuesta de continuidad en el empleo con cuatro supuestos, entre ellos la contratación de personal ex novo.

La propuesta fue rechazada de plano por los sindicatos, que nada más ver su contenido decidieron dar por terminada la reunión y emplazarse a un nuevo encuentro la próxima semana para trasladar su posición definitiva, que el coordinador general de Coordinadora, Antolín Goya, adelantó ya que será de rechazo.

Goya descartó la convocatoria de cualquier tipo de movilización, volvió a emplazar al Gobierno a garantizar el empleo del 100% de los estibadores y se felicitó por la posición adoptada por la presidenta de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, que ha pedido que se garantice la subrogación de todos los estibadores por ley.

Fuente: diariodelpuerto.com

Firme en los principios del real decreto rechazado por el Parlamento y con el foco de la negociación puesto en la propuesta de acuerdo tripartito que tan ínfimo recorrido tuvo la semana pasada. Así afrontó ayer el Gobierno el nuevo escenario abierto en el proceso de reforma del sector de la estiba, sentándose a primera hora de la tarde en una mesa de negociación con patronal y sindicatos en la que fue taxativo: la subrogación de los estibadores no puede ser incluida dentro del real decreto.

La reunión se prolongó por espacio de cuatro horas y aportó tres grandes conclusiones: una, el Gobierno insiste en mantener sin cambios el decaído real decreto y negociar en el ámbito de la propuesta de acuerdo tripartito, sin estar dispuesto a aceptar que la subrogación quede consagrada en el decreto; dos, los sindicatos plantearon una propuesta alternativa a partir del documento del Gobierno que éste considera de «muy difícil aceptación»; y tres, patronal y sindicatos están dispuestos a avanzar en el ámbito de la negociación colectiva, habiéndose emplazado ambas partes a una nueva reunión el jueves sólo para desarrollar acuerdos en este ámbito.

Con quien no se emplazaron de momento fue con el Gobierno, representado ayer por el secretario de Estado de Infraestructuras y por el director general de Empleo, quienes dejaron muy claro en la reunión que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar la subrogación como parte del real decreto.

Ya por la mañana, durante durante el acto de colocación en Madrid de la primera piedra del futuro Teatro de Cámara de la Sociedad Cervantina, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, había advertido que la reunión de por la tarde se planteaba en torno a la propuesta del Gobierno de acuerdo tripartito, “un documento que es extraordinario, ambicioso y muy generoso. Es mucho más de lo que se puede esperar en cualquier otro sector económico”, insistió De la Serna, quien se mostró confiado en que el compromiso con el empleo que contiene el documento, unido a las ayudas que ofrece el Ministerio de Empleo, permitiera que se cerrara «un acuerdo para liberar la aprobación del proyecto de ley”.

Con esta expresión de “liberar”, De la Serna volvía a poner de manifiesto que el Gobierno considera inamovibles los principios que rigen el real decreto, hasta el punto de rechazar la intención de los sindicatos de incluir la subrogación en el real decreto, pues «la Comisión Europea no nos deja que de forma obligatoria y por ley se establezca la obligación de cualquier empresa de cómo realizar la contratación”.

«Es algo contrario 100% a la sentencia», apostilló en la misma línea el secretario de Estado, Julio Gómez-Pomar, a última hora de la tarde, tras terminar la reunión con la patronal y los sindicatos sin acuerdo y mostrar su desencanto porque la contrapropuesta presentada por las fuerzas sindicales «vuelve a enlazar con propuestas pasadas» e incluye «dificultades insalvables».

Gómez-Pomar, quien aseguró que el Gobierno va a estudiar la propuesta sindical, aseguró que la considera de «muy difícil encaje», primero por exigir la inclusión de la subrogación en el decreto, «algo contrario a la sentencia»; segundo por las exigencias en materia de control de la formación para el acceso a la profesión; y tercero, siempre a juicio del secretario de Estado, por exigir un «régimen laboral específico para los centros portuarios de empleo».

El secretario de Estado, quien negó que la patronal se mostrara en la reunión a favor de incluir por ley la subrogación (frente a la versión contraria de los sindicatos), aseguró que una alternativa a esta exigencia sindical en torno a la subrogación es la posibilidad de que el Gobierno, siempre que haya un acuerdo al respecto entre patronal y representantes de los trabajadores, apruebe alguna media normativa en el ámbito del Ministerio de Empleo que contemple los aspectos relacionados con las ayudas a la prejubilación y los distintos supuestos que se contemplen para la subrogación.

Más allá de la reunión prevista para el jueves entre patronal y sindicatos, de momento las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sectoriales quedan en suspenso a la espera de una posición definitiva del Ejecutivo en torno a la contrapropuesta sindical.

Fuente: diariodelpuerto.com

8:59 horas del jueves 16 de marzo. Un puñado de periodistas se agolpan a las puertas del hemiciclo del Congreso de los Diputados sin parar de hacer cábalas para ver si al Gobierno le salen las cuentas en la votación de la reforma de la estiba. Justo a esa hora todo el mundo da por seguro que el Gobierno tiene 174 votos. Los 134 del PP, los 2 de UPN, el de Foro, los 32 de Ciudadanos y los 5 del PNV. Siguen faltando 2 votos pues el bloque contrario a la reforma parece monolítico.

Eso sí, la tensión es máxima en torno a las 3 diputadas de Podemos, ERC y Compromís que a esa hora están llegando en avión de Nueva York reclamadas en el último momento ante la trascendencia de la votación.

La tensión es máxima pues, de no llegar a tiempo, el PP logrará sacar adelante el decreto ley.

Suenan insistentemente las campanas que anuncian el inminente inicio del pleno. El ministro De la Serna entra raudo acompañado de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el único apoyo que tendrá del Gobierno durante el debate.

“Vamos a ver qué pasa”, dice De la Serna esperanzado, alentando por segundos las especulaciones en torno a la posibilidad de un milagro.

Los pasillos se vacían, la presidenta se dirige a la mesa para tomar la palabra y, de pronto, al fondo, aparece a la carrera el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

La pregunta se antoja retórica: “¿Qué va a votar Ciudadanos?” La respuesta, en cambio, cae como una bomba. “Vamos a abstenernos”. El real decreto, a partir de ese mismo momento, está muerto.

El eco le llega de inmediato al portavoz socialista Rafael Hernando, que sube las escaleras del hemiciclo a la carrera y, sin contener la voz, le grita a Salvador de la Encina: “Se abstiene, Ciudadanos se abstiene”. El vicepresidente de la Comisión de Fomento del Congreso esboza bajo la barba una sonrisa.

Segundos después, ya con Hernando sentado en su escaño, Juan Carlos Girauta le confirma la decisión al PSOE: “Abstención”. De la Serna va en ese momento camino del estrado para iniciar el debate, ya intrascendente, ya condenado, como el decreto, ahogado en el último momento por unas prisas que no fueron buenas consejeras.

El Gobierno siempre confió en que, antes o después, lograría convencer al PSOE de votar a favor del real decreto. No necesitaría más que su apoyo y lo de Ciudadanos sería por añadidura, pero las formas del Gobierno en la tramitación cerraron de golpe cualquier posibilidad de pacto con los socialistas.

Próximos en el fondo, el PSOE no podía permitir que la forma de la reforma pareciera un atropello sin aparente diálogo previo, por mucho que el Gobierno llevara dos años llevando a Bruselas las inservibles propuestas de los sindicatos. El PSOE sólo ponía una condición para apoyar el real decreto, que hubiera un acuerdo entre patronal y sindicatos

Ese acuerdo no lo querían bajo ningún concepto los sindicatos, cuyo objetivo máximo era tumbar el decreto. Ese acuerdo no lo quería la patronal, pues sólo estaba dispuesta a negociar una vez se aprobara el decreto. Y ese acuerdo, aunque era vital para el Gobierno, no estaba dispuesto a coordinarlo Fomento, sabedor de que su presencia en la mesa solo serviría para exigir un nuevo decreto y no para limitarse las partes a negociar el convenio.

Por eso la mesa social bajo la mediación de Marcos Peña perdió soberanamente el tiempo durante tres semanas y por eso el Gobierno terminó por tener claro que con el PSOE no había absolutamente nada que hacer.

Máxime al haber dado alas a los sindicatos la demanda socialista de diálogo. Los estibadores, con la batalla de la opinión pública perdida, veían cómo recuperaban terreno ante la evidencia de un Gobierno que se negaba a tener canales abierto de negociación escudado en la presencia del mediador.

Esta necesidad de negociar se hace imperiosa el miércoles por la mañana, cuando Fomento insiste en su órdago de votar el jueves el real decreto y sale a buscar la suma preferida: Ciudadanos y PNV más la abstención de PdeCAT.

El partido de Rivera, que por dos veces ha coqueteado con los sindicatos y ha logrado tanto la desconvocatoria de sendos paros como el aplazamiento de la votación, mostrando simplemente que es imperioso el diálogo, se planta y exige al Gobierno un rotundo gesto de negociación.

A la par, la exigencia del PNV es la misma, aunque todo lo relativo al Partido Nacionalista Vasco se cuece en la mesa de los Presupuestos Generales de Euskadi para 2017. El acuerdo final en Vitoria facilita el acuerdo sobre la estiba en Madrid. El PNV será al final el único partido junto al diputado de Foro que vote a favor del decreto.

En este contexto, a última hora de la mañana del miércoles el Gobierno cede a la exigencia naranja y decide proponer un acuerdo que no es más que desarrollar el acta de compromisos propuesta una semana antes por ANESCO a la que se añade, por fin, la especificación de las ayudas a la prejubilación que lleva tantos días prometiendo el Ministerio de Empleo.

Ciudadanos considera muy positivamente la propuesta del Gobierno, incluso “muy generosa” en lo que respecta a las prejubilaciones.

Por si esto fuera poco, el propio ministro de Fomento decide presentarse a las 16:00 horas en la reunión de la mesa social.

El apoyo de Ciudadanos está prácticamente en el bolsillo. El cambio de cromos con el PNV ha surtido efecto. Sólo quedan dos votos para asegurar la mayoría.

Como era previsible, PdeCAT huye como de la peste de sumar sus votos con el Gobierno, sea cual sea la iniciativa. Ahora bien, sopla el viento a favor pues crecen los rumores en torno a las tres diputadas ausentes. Parece que no llegan. Va a haber suerte. El Gobierno va a poder sacar el real decreto… pero todo, de golpe, se tuerce.

De la Serna llega a la sede del Consejo Económico y Social y allí sólo están los abogados de la patronal y los sindicatos. No hay ningún representante legal. El mediador, Marcos Peña, dice que se avisó a las partes de que al día siguiente acudirían a la reunión representantes del Gobierno. El abogado de Coordinadora, Víctor Díaz, lo confirma pero precisa que nunca se dijo que la convocatoria dejara de ser para una “reunión técnica”.

Lo cierto es que Antolín Goya, líder del sindicato Coordinadora, no está en Madrid, sigue aún en Tenerife. Muchos no se explican qué hace Goya a tres horas de avión del núcleo decisorio y a 24 horas de una votación tan decisiva. Algunos apuntan a una ausencia calculada.

En todo caso, lo cierto es que De la Serna, junto al secretario de Estado, llevan su propuesta a una mesa que no tiene ningún tipo de representatividad, a una mesa que no sirve para nada y el asunto llega a oídos de Ciudadanos.

Cuando Albert Rivera se entera de que no ha habido reunión real paraliza cualquier posibilidad de apoyo al Gobierno. Ciudadanos valora el gesto de Fomento y, sobre todo, de Empleo, pero entiende que no puede apoyar el decreto en base a un diálogo que no se ha producido.

El partido naranja pide al Gobierno que vuelva a aplazar la votación una semana, le insiste en que aproveche que aún hay siete días hasta que se cumpla el máximo de 30 que exige el reglamento para la convalidación. Este tiempo es el perfecto instrumento para justificar el diálogo y votar a favor por parte de Ciudadanos.

Al final, el Gobierno se niega. Está convencido de que aunque aplace, a la semana siguiente seguirá teniendo al PSOE en contra. Mantiene el órdago y el debate para la mañana del jueves.

Eso sí, hace un último intento para que se tramite el decreto como proyecto de ley. Aquí no encuentra ningún apoyo y, aún así, se opta por la votación, aunque la derrota vaya a ser histórica.

Al final 141 votos a favor, 33 abstenciones y 174 votos en contra. El decreto decae y los estibadores, en el gallinero del Congreso, marchan con el puño en alto.

Fuente: diariodelpuerto.com

No hubo milagro. El Gobierno sufrió ayer una más que significativa derrota en el Congreso tras la mayoritaria decisión del Pleno de rechazar el real decreto ley de reforma de la estiba.

La reacción de Fomento del miércoles presentando una oferta de acuerdo tripartito complementaria al decreto llegó tarde y resultó insuficiente para recabar los apoyos parlamentarios suficientes.

Sólo PNV (5) y Foro (1) votaron junto al Grupo Parlamentario Popular para convalidar el real decreto, recabándose unos más que insuficientes 141 votos a favor frente a los 174 en contra con los que la propuesta fue rechazada, merced a la oposición de PSOE, Podemos, ERC, PdeCAT, Compromís y Coalición Canaria entre otros.

Y es que el esperado voto a favor de Ciudadanos no llegó. Se quedó en una abstención (de las 33 abstenciones, 32 fueron de Ciudadanos más 1 voto equivocado del podemita Íñigo Errejón) tras comprobar el partido naranja que la apresurada reunión de la mesa negociadora de la tarde anterior no había contado con los representantes sectoriales y, por tanto, no había servido para nada.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, anunció el sentido del voto justo antes del inicio de la sesión, eliminando toda esperanza por parte del Gobierno de sacar adelante el decreto durante un debate en el que el ministro de Fomento insistió sin éxito en todos los mensajes lanzados en las últimas semanas con respecto al cumplimiento de la sentencia y de las exigencias de la Comisión, la amenaza de la multa y el compromiso por la garantía del 100% del empleo mediante la propuesta del acuerdo tripartito.

Podemos

Por lo que respecta al resto de las intervenciones, el más duro en su discurso fue el portavoz de Podemos, Félix Alonso Cantorné, quien denunció las a su entender “tretas de taberna” del Gobierno para buscar apoyos y votar la convalidación, al tiempo que intentó argumentar la existencia de una supuesta trama del Gobierno para “rendirse a los intereses financieros y especuladores” de los fondos de inversión, para la que intentó buscar implicaciones entre el informe sobre la estiba elaborado por PwC para PIPE, la propia consultora y el pasado profesional del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, cuya dimisión reclamó como responsable del decaimiento del decreto ley, lo mismo que la del propio ministro, Íñigo de la Serna.

También destacó la intervención contra el decreto de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, quien acusó al Gobierno de hacer el “ridículo” por “faltar a la verdad”, al considerar falsedades las acusaciones de que los puertos no son competitivos y los estibadores son unos privilegiados. Oramas reclamó al Ejecutivo diálogo y mostró su ofrecimiento para tramitar el decreto como proyecto de ley e incluir en el mismo el asunto de la subrogación.

Esta misma petición de tramitación como proyecto de ley fue realizada por el diputado de PdeCAT, Ferrán Bel, quien insistió en que la reforma “es necesaria pero debe ser pactada”, afeando al Gobierno que “las reformas estructurales no se pueden hacer de forma unilateral”.

El representante de Bildu acusó al Gobierno de utilizar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo para “penalizar y desregular todo un sector”, mientras que Joan Baldoví, de Compromís, afeó al Ministerio de Fomento el haberse sentado “tarde a la negociación”.

“Si se hubiera sentado antes habría habido margen para la negociación y para apoyar el decreto”, dijo Baldoví, quien aseguró que con el decaimiento del decreto comenzaba la negociación efectiva para cumplir la sentencia.

PNV

El único apoyo, además del voto a favor del diputado de Foro, que logró ayer el Gobierno fue el del PNV, cuyo portavoz, Íñigo Barandiarán, acusó a todas y cada una de las partes de no haber actuado “ni con responsabilidad ni con diligencia”. Acusó igualmente al resto de grupos políticos de mirar para otro lado “para evitar el problema” y subrayó que su grupo había recibido el miércoles con “alivio” la propuesta de acuerdo tripartito realizada por Fomento, que consideró que se plegaba a sus exigencias por manifestar un conjunto de “compromisos con un elevado contenido social”.

Barandiarán también justificó el voto del PNV a favor por “responsabilidad” y “en defensa del interés colectivo”, advirtiendo de que dadas las exigencias de las instituciones europeas cualquier otra propuesta legislativa alternativa a la que ayer decayó será “igual o muy parecida”.

Este mismo argumento estuvo en el discurso central del diputado popular Miguel Barrachina, quien acusó a la oposición de rechazar el decreto sin hacer propuesta alternativa alguna ni ofrecer medidas concretas para mejorarlo, a su entender porque “la única alternativa es este mismo texto” dado que “esto es el cumplimiento de una condena”.

“No se dejen engañar, la alternativa es el mismo texto”, insistió el diputado popular, quien abundó en el tema de la multa, redundando en la responsabilidad de la oposición en que todos los españoles tengan que pagar de su bolsillo las sanciones ante el incumplimiento por el rechazo en la convalidación.

Barrachina también empleó como arma arrojadiza el tema de los salarios de los estibadores. Tras asegurar que el salario medio en el puerto de Valencia son 109.070 euros anuales, aclaró que en todo caso el salario es una cuestión que compete a trabajadores y empresas, resultando “suficiente” en este ámbito con que las empresas tuvieran “capacidad de autoorganización”.

Fuente: diariodelpuerto.com

A 24 horas de que dé comienzo en el Congreso de los Diputados el debate de convalidación del real decreto ley para la reforma de la estiba, la incertidumbre va in crescendo ante las dudas de que el Gobierno vaya a poder conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para sacar la reforma adelante.

Ahora mismo cinco son las salidas que tiene el Gobierno: algunas están en su mano y otras no; algunas tienen más visos de cumplirse y otras parecen muy alejadas; y algunas tienen un alto coste político, por lo que está en el tejado del Ejecutivo encontrar antes de la votación de mañana una alternativa lo más airosa posible para salvar la esencia de su reforma y su propia cara ante la ciudadanía.

SALIDA 1: NUEVO APLAZAMIENTO

La salida inmediata que tiene el Gobierno en el proceso de reforma de la estiba es aplazar una semana más el debate de convalidación. El plazo máximo que otorga el reglamento para cumplir con la obligación de convalidar un real decreto ley en el Congreso aprobado por el Gobierno son 30 días naturales a partir de la publicación del mismo en el BOE. Ese plazo termina el 27 de marzo y el último pleno hábil antes de esa fecha es el del 23, por lo que el Gobierno aún podría aplazar el debate y su posterior votación una semana más.

Objetivo:
El objetivo claramente sería seguir ganando tiempo, con la esperanza de que en estos días al final se lograran avances en la mesa de negociación colectiva al tiempo que se consiguiera por fin convencer a la oposición de votar a favor de la reforma.

Consecuencias:
Un aplazamiento probablemente llevaría a los sindicatos a suspender las próximas tres jornadas de huelga. No obstante, las consecuencias reales de este aplazamiento serían nulas pues es más que previsible que la mesa social siguiera en punto muerto, lo que igualmente mantendría a la oposición en su actual postura. El único factor decisivo podría ser que el Gobierno optara por el aplazamiento pero complementándolo con la decisión de sentarse a la mesa de negociación.

Probabilidades:
El ministro de Fomento descartó el lunes esta opción pues no sirve más que para alargar la agonía.En todo caso, al cierre de esta edición todas las miradas estaban pendientes de la Mesa del Congreso ante la posibilidad de que se solicitara el aplazamiento.

SALIDA 2: RETIRADA

Ante el riesgo de sufrir un revolcón parlamentario inédito por la falta de apoyos políticos (hay que recordar que para obtener la convalidación es necesaria mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra con independencia de las abstenciones) el Gobierno tiene ante sí la posibilidad de evitar la votación de mañana y, con ello, renunciar al real decreto ley.

Objetivo:
El objetivo de retirar el real decreto ley sería abrir de inmediato una negociación con patronal y sindicatos para elaborar con carácter de urgencia un nuevo real decreto que, cumpliendo con la sentencia, fuera satisfactorio para todas las partes, lográndose así un consenso social que haría inevitable el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. En esta negociación los sindicatos estarían dispuestos a respetar el contenido del real decreto con sólo tres enmiendas básicas: reforzar las exigencias formativas, contemplar un registro en los términos que acepte la Comisión y garantizar la subrogación.

Consecuencias:
Si se abre una mesa de negociación con el Gobierno todas las huelgas serían suspendidas. La Comisión estaría ahora dispuesta a dar de plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo. Habría que ver si la apertura del melón de la negociación del decreto no lleva a nuevas exigencias sindicales que pongan en riesgo el cumplimiento de la sentencia, generen conflictividad, dilaten el proceso y dificulten la negociación con la Comisión. Además, no se descartarían consecuencias políticas.

Probabilidades:
Se antoja ahora mismo la salida más airosa dada la falta de apoyos parlamentarios.

SALIDA 3: RECHAZO

La fijación del debate de convalidación del real decreto ley de reforma de la estiba para mañana jueves y el rechazo por parte de todos los grupos de la oposición al mismo, dadas ahora mismo sus posiciones ante la opinión pública, nos llevarían el jueves a que el Pleno del Parlamento votara en contra del decreto y este decayera de forma automática.

Objetivo:
Conociendo de antemano el voto en contra de la oposición, la única intención que podría tener el Gobierno de llegar a este punto y permitir la votación sería hacer responsable a la oposición de las ulteriores sanciones que se derivaran del incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, sanciones exigidas por la Comisión Europea, así como hacer responsable también a los sindicatos y al conjunto del colectivo de la estiba.

Consecuencias:
Con la victoria sindical desaparecería por el momento la conflictividad laboral. Por otra parte, de no articularse un nuevo proceso de reforma con celeridad, se impondrían las anunciadas y temidas multas contra España. Un rechazo en el Parlamento del decreto conllevaría, con toda probabilidad, dimisiones en el seno del Ministerio de Fomento.

Probabilidades:
No parece lógico que el Gobierno quisiera llegar hasta este punto, dadas sus importantes consecuencias políticas y ante la opinión pública.

SALIDA 4: CONVALIDACIÓN

El Gobierno sigue trabajando en todos los frentes para lograr en el último momento una mayoría suficiente que permita el jueves la convalidación del real decreto. Al cierre de esta edición, fuentes gubernamentales seguían confiando en el voto favorable de PNV y Ciudadanos. Eso sí, la clave sigue estando en el PSOE, que es quien más firmemente se opone a votar a favor de un decreto que no esté respaldado por el acuerdo social entre patronal y sindicatos. Un acuerdo en el que no se esperan avances pese a la reunión técnica convocada hoy por el mediador, Marcos Peña, sobre asuntos de convenio colectivo que se consideran que no tienen valor a efectos de las demandas relativas al decreto.

Sin esperanzas de que se logre un acuerdo inmediato en esta mesa social, parece difícil captar el voto favorable o cuanto menos la abstención del PSOE.

La propuesta del ministro De la Serna de mantener una reunión antes del jueves con Susana Díaz, dado su peso en el PSOE y en el sector de la estiba, seguía ayer al cierre de esta edición sin cristalizar, sobre todo ante el aparente escaso interés de la presidenta de la Junta de Andalucía.

Objetivo:
Para el Gobierno la convalidación es el fin primordial, logrando la liberalización del sector y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, evitando las multas.

Consecuencias:
La convalidación supondría de forma automática la paralización de los puertos desde este mismo viernes y como mínimo hasta que hubiera algún avance en el ámbito de la garantía en el empleo, bien a través de la mesa social, bien a través de las ayudas a prejubilaciones del Ministerio de Empleo, bien a través del instrumento normativo complementario planteado por el Gobierno. Con la convalidación, la Comisión Europea retiraría automáticamente la segunda denuncia del Tribunal de Luxemburgo.

Probabilidades:
Se antoja remota siempre y cuando los partidos estén siendo sinceros en sus manifestaciones públicas.

SALIDA 5: CONVALIDACIÓN + PROYECTO DE LEY

La última opción que tiene el Gobierno es convencer a la oposición de que respalde el decreto pero a condición de abrir con carácter de inmediato su tramitación como proyecto de ley. Quedaría salvaguardada la esencia del modelo propuesto, quedando limitadas las modificaciones a enmiendas del mismo.

Objetivo:
El Gobierno lograría salvar la cara ante la opinión pública y la oposición lograría salvar la cara ante los sindicatos con la posibilidad de las enmiendas.

Consecuencias:
La mera convalidación seguiría siendo considerada por los sindicatos como una afrenta y no disminuiría la conflictividad social. De cara al proceso del Tribunal de Luxemburgo podría justificarse que el decreto se ha convalidado, pero la tramitación como proyecto de ley podría complicarse y eternizarse generando aún más inseguridad jurídica.

Probabilidades:
Es la opción que menos gusta entre las fuerzas parlamentarias.