Las empresas avisan que harán falta ayudas económicas para cumplir los plazos
Las empresas de transporte de mercancías y las de alquiler de coches, las rent a car, son dos de los negocios más afectados por la Ley de cambio climático y transición energética aprobada este martes, aunque no por unanimidad, en el Parlamento de Canarias. Y, sin embargo, no es precisamente preocupación lo que se respira entre los representantes de ambas actividades. De entrada porque el presente en las empresas es demasiado complejo como para permitirse pensar en el futuro –la crisis internacional de los chips y las materias primas hace casi imposible sustituir un camión por uno más moderno sin tener que esperar sine die– y en segundo lugar porque perciben la ley más como una «declaración de intenciones» que como un objetivo factible. De hecho avisan que no podrán llevar a cabo la tarea que les ha impuesto el Parlamento –básicamente la sustitución de sus vehículos por otros no contaminantes– sin que se les den las ayudas necesarias para un encargo de tal envergadura. Así que para que las rent a car y los transportistas puedan cumplir los plazos que les impone la flamante ley contra el cambio climático antes será necesario que la Administración cumpla con ellos. No está en sus manos.
Es más, no solo hacen falta ayudas económicas a las empresas, algo de lo que también avisa el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FET) de Canarias, Agustín Espino, sino que es igualmente imprescindible que el mismo ritmo que el Gobierno regional le ha impuesto al sector privado se lo imponga a sí mismo en algo tan fundamental como, por ejemplo, la instalación de terminales de carga. De no ser así, no solo no se cumpliría el ambicioso objetivo medioambiental del Ejecutivo, sino que incluso se pondría en jaque el turismo. ¿Qué visitante alquilaría un vehículo sin la garantía de contar con suficientes puntos de recarga? «Si se cumplen todas esas condiciones externas, pues tal vez podremos llegar…, pero de momento vemos la ley como una declaración de intenciones», ahondó el presidente de Apeca.
En el caso del transporte de mercancías por carretera, las empresas deberán disminuir las emisiones contaminantes al menos un 55% en 2030 y alcanzar las cero emisiones en 2040, aunque en este caso al menos se establece la salvedad de que «siempre que existan en el mercado los vehículos requeridos con las prestaciones tecnológicas adecuadas». En cualquier caso, el presidente de la FET ve un punto de excesiva ambición en los objetivos y lamenta que no se haya contado con el sector en la elaboración de la ley. «Echo mucho de menos que se nos escuche». Espino insiste, en línea con Jiménez, que harán falta «dinero e infraestructuras» si el Gobierno quiere cumplir plazos.
Fuente: eldia.es
