Según el comunicado difundido al término de la reunión, la «medida extrema» deriva «de la falta de receptividad por parte de las Administraciones Públicas para gestionar y resolver la problemática específica de la actividad en el Archipiélago». Entre ellas, la «incertidumbre económica» que les genera no conocer si la bonificación estatal de 20 céntimos por litro de combustible y la fiscal del 99% del impuesto sobre carburantes del Gobierno de Canarias se prorrogarán más allás del último día de este año.

«Las empresas de transporte están cerrando contratos» para el año que viene sin saber cuáles serán sus costes, por lo que solicitan la prórroga de las medidas extraordinarias habilitadas para reducir el impacto que tiene en el sector el incremento del precio de los carburantes.

A esa demanda, se une la adecuación del uso del tacógrafo, que provoca «importantes disfunciones» en el servicio que prestan en las Islas. Algo que también ocurre con las revisiones obligatorias que han de pasar los vehículos frigoríficos. Para evaluar su estado es necesario un túnel de frío y en el Archipiélago no hay ninguno. A pesar de ello, los camiones se paran si no la pasan. Por ello, Asemtra solicitó «una moratoria».

Otra de las demandas históricas y que vuelve a estar en esta convocatoria de paros es el acortamiento de las esperas dentro de las terminales de contenedores. Las demoras se derivan de «incidencias frecuentes en la operativa de recepción y entrega de contenedores a los transportistas». En otras palabras, de la ausencia de un «plan de control de la operativa portuaria» capaz de agilizar el ritmo de entrega.

Algo a lo que también contribuye, siempre según los transportistas, la ausencia de «coordinación de servicios de inspección», con campañas de control establecidas «de manera unilateral» y que, en casos, suponen tener que pasar hasta tres filtros «de hasta tres cuerpos distintos en un mismo lugar al mismo tiempo, sobre todo puertos y polígonos industriales».

En lo que respecta al ámbito nacional, las protestas arrancan el lunes y, hasta el momento, el Ministerio de Transportes ha fracasado en su intento de convencer a los camioneros de lo contrario. Desde el equipo de la ministra Raquel Sánchez consideran que todas las reivindicaciones que plantean los protestantes –la principal es blindar el no trabajar a pérdidas– ya están contempladas en la ley y les instan a que recurran a los inspectores oficiales para denunciar aquellos casos de los que tengan constancia. Desde marzo pasado –cuando los transportistas efectuaron 20 jornadas de paro– el Ministerio asegura no haber registrado ninguna denuncia al respecto.

A la Plataforma en Defensa del Transporte no les satisfacen esas explicaciones. «Estamos en una situación agobiante económicamente», declaró su portavoz. Los convocantes del paro exigen un aumento de la plantilla de inspectores encargados de garantizar que ningún transportista se ve obligado a trabajar a pérdidas. Desde el Ministerio de Transportes replican que «en próximas semanas» aprobarán un plan de inspecciones para 2023 con el que pretenden reforzar las actuaciones. En este avanzan que incluirán «por primera vez» una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada.

Mientras el Ministerio negocia con la Plataforma, ultima sus medidas para minimizar el impacto del paro, en caso de que este finalmente acabe produciéndose. Coordinado con el Ministerio de Interior, el Ejecutivo desplegará fuerzas policiales en los puntos calientes de las protestas que ya hubo en marzo.

El objetivo es garantizar el libre paso en zonas portuarias y mercados mayoristas, que es donde se enfocaron las protestas hace seis meses. También promoverá la estrategia de convoyes, para que los transportistas que pretendan continuar operando se agrupen y puedan ser escoltados más fácilmente por cuerpos policiales hacia un destino compartido.

Otra medida será incrementar las comunicaciones con los transportistas en carretera para detectar rápidamente los piquetes y movilizar a agentes policiales en consecuencia, según explicaron fuentes del Ministerio.