Fuente: diariodelpuerto.com

Sin SAGEP, sin registro de trabajadores y con la masa laboral estructurada en ETTs. Este es el carácter esencial de la reforma del régimen de estiba que el Gobierno está ultimando para ser tramitada con carácter inminente como Real Decreto-Ley y que se considera fruto de todo el proceso de negociación sectorial llevado a cabo en los dos últimos años y, por encima de todo, de las líneas rojas marcadas con claridad por la Comisión Europea.

Según aseguraron el viernes fuentes del Ministerio de Fomento, tras un proceso que dura ya dos años, el Gobierno tiene ya cerrado un texto para la reforma de la estiba que ha logrado pasar el filtro de la Comisión Europea y que va a ser tramitado de manera inminente como real decreto ley.

El texto, que se concibe como el fruto de toda la negociación acometida con las distintas partes y no como un punto de partida para una negociación, recoge los dos principios fundamentales establecidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo: libertad de empresa, no pudiendo obligarse a ninguna empresa estibadora a formar parte de ninguna entidad de puesta a disposición de trabajadores; y libertad de contratación, no pudiendo obligarse a ninguna empresa a contratar de determinada entidad de puesta a disposición de trabajadores. Estos dos principios, subrayados desde el Ministerio de Fomento como ineludibles, se traducen en una reforma que acomete una reconversión del sector de la estiba en España donde desaparecerán las actuales SAGEPs y el régimen laboral se regulará conforme a la legislación de las empresas de trabajo temporal (ETTs).

Este modelo quedará vertebrado por las tres líneas rojas establecidas en el proceso de negociación con la Comisión Europea y que son: la desaparición de las SAGEPs y su extinción o transformación en ETTs; la imposibilidad de que exista un registro de trabajadores portuarios en lo alto del sistema que provea a las ETTs, opción rechazada frontalmente por la Comisión; y la absoluta garantía de que las empresas que operan en la actualidad van a estar en las mismas condiciones en cuanto a competitividad de costes de recursos humanos que las empresas que entren nuevas en un futuro.

De esta forma, con el nuevo régimen de estiba en los puertos, la puesta a disposición de las empresas estibadoras de una masa laboral estable quedará garantizada por cuantas ETTs o Centros Portuarios de Empleo quieran prestar en cada enclave este servicio, considerándose los Centros Portuarios unas ETTs especializadas en el sector de la estiba.

Periodo transitorio

Hasta que el sector desemboque en este nuevo modelo, la normativa establece un periodo transitorio de tres años en el que las SAGEPs deberán desaparecer por la vía de la extinción o por la vía de su transformación en ETTs.

En el caso de producirse la extinción de los pasivos laborales de las SAGEP, serán las autoridades portuarias las que asuman los costes laborales de los despidos hasta el 11 de diciembre de 2014, fecha de la sentencia.

El Gobierno quería inicialmente un periodo transitorio de 4 años, pero la Comisión comunicó el viernes que un año ya se ha consumido con el Gobierno en funciones y sólo se puede establecer una transición de 3 años.

Igualmente, la Comisión también exigió el jueves que el Gobierno deberá asumir a través de las autoridades portuarias los costes de los pasivos de las SAGEP, en caso de producirse, no sólo durante el periodo transitorio, sino en cualquier momento del futuro para estos trabajadores y hasta la fecha del 11 de diciembre de 2014.

Desde Fomento se insiste en los condicionantes exigidos por la sentencia y por la Comisión y que, en todo caso, no se va más allá de estos requerimientos ni se entra en cuestiones ajenas.

Una cuestión crítica del proyecto es lo relativo a los potenciales despidos en las SAGEP, que el Gobierno entiende que deben ser costeados desde el ámbito público, en este caso las autoridades portuarias, al considerar que la Administración es responsable de haber mantenido un sistema contrario al derecho comunitario, de ahí que se asuman las consecuencias de su transformación.

Según fuentes de Fomento, el que las autoridades portuarias paguen los despidos es una de las pocas cuestiones de la reforma que puede suscitar alguna duda jurídica, por cuanto se puede considerar ayudas de estado. El Gobierno ha hecho las consultas pertinentes a la Dirección General de Competencia de la UE y se espera una posición favorable.

En este apartado de consultas, el ministro de Fomento ya ha iniciado las conversaciones con las fuerzas parlamentarias para recabar el necesario apoyo para sacar adelante el real decreto ley.

Consultas

A nivel de procedimiento, los ministerios de Economía, Hacienda y Empleo, así como la Oficina Económica del Gobierno, han participado en la elaboración del texto. Aún cuando el decreto ley todavía tiene que pasar los trámites previos, se espera que sea aprobado por el Consejo de Ministros con carácter inminente, abriéndose luego un plazo de un mes para su convalidación en el Congreso, de ahí que haya que configurar una mayoría parlamentaria que es lo que está ya negociando Íñigo de la Serna.