Fuente: eldiario.es
El pasado 1 de mayo entró en vigor en toda la UE el nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU), una ambiciosa propuesta normativa para la armonización y reforma competitiva de las aduanas en Europa. Dada la complejidad de la actividad aduanera, el esfuerzo que están llevando a cabo las administraciones es ímprobo, con una implementación por fases y periodos transitorios y una progresiva adaptación no exenta de contratiempos. Es lógico, por tanto, que el tema central del IX Congreso FETEIA, dada la revolución que representa, sea el CAU, cuyos primeros meses de implantación son valorados satisfactoriamente en España por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, si bien desde el sector transitario se detectan algunas lagunas significativas que es necesario atajar.
Tal y como se expone desde el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, el CAU contiene novedades sustanciales con respecto a la legislación aduanera que hasta ahora estaba en vigor en España. Por un lado hay que destacar la regulación del procedimiento relativo a las decisiones de las autoridades aduaneras, destacando la inclusión del trámite de audiencia, en particular cuando la decisión sea desfavorable.
Por otro, está la reducción de garantía de la deuda aduanera de levante para los operadores económico autorizados de simplificaciones aduaneras (OEAC).
Además, el CAU prevé la posibilidad de que las mercancías en depósito temporal puedan moverse a nivel nacional e, incluso, entre Estados miembros, al tiempo que desaparecen los destinos aduaneros como tales y los regímenes aduaneros se simplifican en tres grandes áreas: despacho a libre práctica; regímenes especiales, que incluyen tránsito, depósito (depósito aduanero y zonas francas), destino especial (importación temporal y destino final) y perfeccionamiento (activo y pasivo); y, por último, exportación.
A todos estos grandes cambios se une que se armonizan los requisitos para solicitar los distintos regímenes especiales y simplificaciones aduaneras alineándolos con los requisitos para obtener la acreditación de operador económico autorizado (OEA); al tiempo que se crean nuevas simplificaciones como el despacho centralizado a nivel europeo o la autoevaluación.
Por si esto fuera poco, el nuevo marco jurídico del CAU consagra la aduana electrónica, ya que todas las decisiones solicitadas por los operadores, así como las decisiones de las autoridades aduaneras, deben ser comunicadas mediante sistemas electrónicos.
Para Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, toda esta transformación se sintetiza en tres grandes factores que van a ser claves: «La sistematización y simplificación de los procedimientos aduaneros, la potenciación de la figura del operador confiable (Operador Económico Autorizado) y la aduana electrónica 100% en toda la UE, todo ello, con el objetivo de conseguir una mejor interrelación de los operadores con la administración aduanera y una mejora global en el proceso que beneficia la competitividad de las empresas que intervienen en el comercio exterior».
Cambios procedimentales
El CAU entró en vigor el 1 de mayo, es decir, tiene un recorrido de apenas cuatro meses. Cuestionada por cómo valora el proceso de implantación en este periodo de tiempo, Pilar Jurado ha declarado a Diario del Puerto que «son muchos los cambios procedimentales e informáticos que exige el CAU, por lo que la Comisión ha previsto un periodo transitorio hasta el mes de mayo de 2019 para la adaptación de la mayoría de las autorizaciones y procedimientos concedidas con anterioridad a la entrada en aplicación del CAU. Este periodo transitorio se extiende a finales de 2020 para la plena implantación de la totalidad de los sistemas informáticos que exige el nuevo marco jurídico. Por tanto, hablamos de un proceso complejo que debe ser abordado de forma progresiva y que permita una transición paulatina tanto para los operadores como para las aduanas españolas».
Dentro de esta transición, desde el Departamento de Aduanas se piensa que apenas ha discurrido aún tiempo suficiente para constatar las grandes ventajas del CAU. Según Pilar Jurado, «ha transcurrido muy poco tiempo desde que se publicaron los textos normativos; de hecho, el reglamento delegado y de ejecución son de finales de diciembre pasado. En cualquier caso como hito más importante es haber conseguido ya que los operadores españoles se hayan concienciado de la importancia del conocimiento de la nueva normativa aduanera, que incluye muchas oportunidades en simplificaciones y procedimientos que hasta ahora no habían sido demandados por ellos».
«En este sentido y durante el primer trimestre de este año -prosigue Pilar Jurado- se ha efectuado un esfuerzo muy importante en la comunicación externa y también interna del nuevo marco jurídico».
Obviamente, en este proceso se están poniendo de manifiesto los primeros contratiempos. Desde el Departamento de Aduanas se pone de manifiesto como principal dificultad detectada en este periodo «la identificación de la estrategia de reevaluación de las autorizaciones vigentes con objeto de lograr una transición paulatina del antiguo al nuevo marco jurídico, sin grandes repercusiones negativas en los operadores».
Preocupante
Este asunto de la reevaluación es precisamente uno de los que más preocupan al colectivo transitario. Según Cesáreo Fernández, secretario técnico de FETEIA, «la entrada en vigor del CAU ha traído consigo un retraso en la renovación de las autorizaciones vigentes francamente preocupante».
«El malestar es generalizado porque no sólo se producen retrasos a la hora de resolver las peticiones de renovación de autorizaciones, sino que incluso hay importantes retrasos en la admisión de las solicitudes a tramitar, lo cual está generando importantes quebraderos de cabeza», según Cesáreo Fernández.
De acuerdo con los datos aportados por FETEIA, según sus cálculos se está tardando una media de 30 días en admitir a trámite las solicitudes de autorizaciones y hasta 120 días para resolver dichas peticiones.
Por si esto fuera poco, entre estas solicitudes está la de renovación de garantías, lo que incrementa la gravedad de los retrasos. «Algunas empresas están teniendo que actuar con garantías de colegas de profesión para poder seguir operando», denuncia Cesáreo Fernández.
El segundo gran problema que más preocupa al colectivo transitario en el marco del proceso de implantación del CAU es el de los avales para la representación directa, tema al que se sigue sin dar una solución definitiva.
«Es prioritario que se resuelva esta cuestión de una forma ya permanente. Seguimos sin entender porque se sigue pensando que no se pueden admitir los avales para actuar como representante directo. Por más que estudiamos el tema, seguimos convencidos de que no puede ser que en el nuevo CAU se dé la misma redacción a esta cuestión que en la normativa anterior pero que, ahora, la interpretación sea distinta, cuando otros países europeos hacen la misma lectura y admiten los avales del representante aduanero para actuar en la representación directa», asegura el secretario general técnico de FETEIA.
Cesáreo Fernández se pregunta qué sentido tiene entonces la representación directa si es el cliente el que al final tiene que poner la garantía.
Por último, hay otras cuestiones de menor entidad pero igualmente preocupantes en el día a día de implementación del CAU para los representantes aduaneros como es el asunto de la cumplimentación de las solicitudes. «Creemos que a nivel informático la cumplimentación es muy compleja, por lo cual pedimos que se agilicen y sed faciliten estos procesos», argumenta Cesáreo Fernández.
A buen seguro que todas estas cuestiones estarán sobre la mesa el viernes 30 durante el Congreso FETEIA, en el que se ha previsto dedicar más de cuatro horas al debate del CAU y su implantación.