Fuente: diariodelpuerto.com

No parece haber manera de encontrar el momento político idóneo que permita recabar para la reforma estiba los apoyos parlamentarios necesarios, abstrayéndose las partes implicadas

Superado un Consejo de Ministros más sin que se haya aprobado el nuevo proyecto de reforma de la estiba y con los agentes sectoriales aún a la espera de que se circule el texto para las alegaciones pertinentes, entramos en una semana clave para dar un empujón definitivo al proceso, no exenta de dificultades, entre otras razones por la agitación política que vive el país.

El Gobierno parece claro que ha optado en las últimas semanas por establecer como prioridad garantizarse los apoyos parlamentarios necesarios con carácter previo a aprobar la nueva reforma en Consejo de Ministros.

Es obvio que no puede estar habiendo mayor dificultad en la redacción del nuevo texto legislativo, toda vez que el objetivo es mantener el mismo real decreto con prácticamente el mismo contenido que el rechazado en su día por el Congreso, más un segundo texto normativo que no debe más que reflejar la posición del mediador, con lo referente a las ayudas para las prejubilaciones y la derivación de la garantía de la subrogación al ámbito convenial.

En este sentido, los retrasos permanentes son esencialmente fruto del tiempo que semana tras semana se da el Gobierno para garantizarse unos apoyos sobre la base de los citados textos normativos, a cuyo contenido sí estarían teniendo acceso restringido los distintos grupos parlamentarios dentro de las conversaciones en curso.

Fuentes muy próximas a las negociaciones insisten en que el proceso en esta línea está ahora mismo «bastante» avanzado.

Como se ha señalado en múltiples ocasiones, el PNV mantiene su apoyo a la reforma, mientras que Ciudadanos habría mutado ya su abstención en voto a favor, tras valorar positivamente la última fase del proceso negociador que alumbró la propuesta de mediación.

Abstención

A partir de aquí, los esfuerzos se vienen centrando en garantizar, como mínimo, la abstención de los diputados del PdeCAT, lo que permitiría lograr la mayoría simple suficiente para sacar adelante la reforma.

La negociación con la antigua CiU estaría ya muy avanzada y se habría visto facilitada entre otras razones por la inhabilitación el pasado 29 de marzo de Francesc Homs, hasta ese momento portavoz del PdeCAT en el Congreso y, sin duda, el más contrario a cualquier tipo de acuerdo con el Grupo Popular.

Con independencia de todo esto, como reconocen distintas fuentes parlamentarias, la actual agitación parlamentaria hace muy complicado votar con el PP cualquier proyecto normativo, por muy alejado que pueda estar de las batallas ante la opinión pública, como es el caso de la reforma de la estiba.

En primer lugar, la «Operación Lezo» ha vuelto a representar un golpe durísimo para el Partido Popular y para el intento de evitar ese silogismo que establecen algunos grupos en torno a que votar con el Partido Popular es apoyar la corrupción del Partido Popular.

En segundo lugar, el foco independentista en Catalunya no da tregua y no permite casar el enfrentamiento esencial entre los gobiernos autonómico y central con la posibilidad de consensos particulares en un tema como la estiba.

Indefinición

En tercer lugar, el Partido Socialista sigue atenazado por su proceso interno de elección de secretario general, lo que provoca una indefinición que no sólo afecta a decisiones concretas, como la de la estiba, sino que es capaz de generar complejas estrategias como la moción de censura ofrecida por Podemos, último elemento de desestabilización parlamentaria que entró en juego la semana pasada.

Y, por último, por encima de todas estas cuestiones está el hecho de que ahora mismo todo el foco parlamentario está puesto en un proyecto normativo mucho más trascendente que la reforma de la estiba, los Presupuestos, aunque sólo sea porque de su aprobación o no pueda depender que se convoquen nuevas elecciones anticipadas.

La prioridad del Gobierno es salvar las enmiendas a la totalidad, ante las que algunos de los apoyos que ya se habían comprometido se están tentando la ropa por los nuevos escándalos de corrupción.

La interrelación de todas esta cuestiones es tal que, por ejemplo, como ya se ha venido subrayando, el apoyo del PNV a la reforma de la estiba se produjo a cambio de la obtención de una serie de inversiones en Euskadi dentro de los presupuestos, ligándose el apoyo a ambas normativas, una estrategia que no se descarta que se esté siguiendo con otros grupos.

Por si esto fuera poco, el Gobierno está convencido de que no sólo necesita lograr suficientes apoyos numéricos, también necesita recabar apoyos, digamos, tácitos. En este sentido, aún en el caso de lograr la mayoría simple con los votos de PNV y Ciudadanos y la abstención del PdeCAT, sería necesario obtener el «respaldo» del Partido Socialista aún cuándo su voto fuera en contra. ¿Qué significa esta aparente contradicción?

Se considera que la mera aprobación legal de los decretos no implicará necesariamente la desactivación automática del conflicto.

Se entiende que es muy probable que una aprobación de los nuevos decretos con la derivación de la garantía del empleo a la negociación de la subrogación en el ámbito convenial implique automáticamente que los sindicatos ejerzan su derecho a la huelga y, además, con un horizonte indefinido pues la norma ya estaría en vigor.

En pie de guerra

En esta tesitura, aún cuando se entiende que la falta de liderazgo interno impide que el PSOE pueda posicionarse en una cuestión social tan sensible como la de la estiba y aún cuando lo sencillo, se reconoce, es que se vote en contra máxime si el PP tiene apoyos suficientes, se considera que sería muy complejo aplicar la normativa aprobada con un colectivo estibador en pie de guerra respaldado directamente en sus movilizaciones por el PSOE.

En este sentido, lo que se busca negociar con el Partido Socialista es que si las apelaciones a la sensatez, a la responsabilidad, a la objetivad y al deber de Estado que se lanzan insistentemente desde el PP no pueden ser atendidas por la debilidad interna y por el impacto en las primarias que puede tener un posicionamiento de este estilo (además del tema de la corrupción), que al menos si la reforma sale adelante desde el PSOE no se respalde a los trabajadores, pues la situación sería insostenible para el Gobierno por mucho que hablemos de una ley en vigor.

Sigue siendo en este sentido clave lograr un acuerdo en torno a la subrogación que el Gobierno insiste en que no puede estar garantizada al 100% por Ley sino que deben, en todo caso, garantizarla las empresas por la vía de los convenios.