Fuente: diariodelpuerto.com

La Comisión se compromete a retirar las sanciones en cuanto se convalide el decreto

Esto implica que el Reino de España no sólo evitaría la sanción de 134.107 euros que podría imponerse por cada día de incumplimiento a partir de la segunda sentencia, sino que también evitaría la sanción de 27.522 euros por cada día de incumplimiento desde la primera sentencia y que a fecha de hoy 13 de febrero de 2017 ya supondría una multa de 21,87 millones de euros.

La alternativa con una propuesta que contravenga las exigencias de la Comisión sería automáticamente que España incumpliera por vez primera una sentencia del Tribunal de Luxemburgo y que con carácter inminente a España se le impusieran las citadas sanciones.

De ahí que el Gobierno mantenga este viernes como fecha límite para la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros y que desde Fomento el secretario de Estado hiciera un llamamiento a los grupos políticos para que tomen conciencia de la gravedad de la situación y respalden el real decreto, no sin seguir dispuestos a seguir analizando cualquier propuesta que planteen los sindicatos y la patronal dentro de un proceso negociador que se abrió el viernes y que mañana proseguirá con una segunda reunión.

A ella están convocados, al igual que el viernes, la patronal y los sindicatos desde la máxima, tal y como declaró el secretario de Estado, de que “es negociable todo aquello que cumpla la sentencia y es innegociable todo aquello que la incumple”, insistiendo en los documentos por escrito remitidos por la Comisión y a los que ha tenido acceso este Diario en los que la institución europea rechaza de plano tanto el Registro de Trabajadores Portuarios como los Centros de Empleo Portuarios en los términos que los conciben los sindicatos, ampliamente detallados el viernes por este Diario.