Fuente: diariodelpuerto.com
Fomento puso ayer punto y final al proceso de negociación para la reforma de la estiba en lo que respecta al nuevo régimen legal.
Esto implica que el Reino de España no sólo evitaría la sanción de 134.107 euros que podría imponerse por cada día de incumplimiento a partir de la segunda sentencia, sino que también evitaría la sanción de 27.522 euros por cada día de incumplimiento desde la primera sentencia y que a fecha de hoy 13 de febrero de 2017 ya supondría una multa de 21,87 millones de euros.
Tras constatar con “sorpresa”, en palabras del secretario de Estado, que las propuestas sindicales perseveraban en las líneas rojas fijadas por la Comisión Europea y que los planteamientos de la patronal pretendían dejar el real decreto desprovisto de flexibilidad, el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, puso fin tras apenas hora y media a la segunda y última reunión con los agentes sectoriales, anunciándose que el viernes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto ley tal y como estaba previsto y, eso sí, recordando que el consenso y el diálogo no termina y que se abre a partir de ahora un proceso de negociación entre patronal y sindicatos sobre el convenio colectivo en el que se podrán dirimir cuestiones tan sensibles como el tema de los pasivos o la regulación de las relaciones laborales.
En su comparecencia al término de la reunión, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, invitó a los agentes sectoriales a intentar alcanzar un acuerdo en este nuevo marco de negociación colectiva para todas aquellas cuestiones que no hayan encontrado acomodo en el real decreto y siempre dentro de la nueva regulación.
Gómez-Pomar aseguró que el Ministerio de Empleo está dispuesto a mediar en este proceso y confirmó la disponibilidad de ANESCO a participar así como la predisposición del banco sindical. “Abrimos una nueva etapa donde todo se va a tratar en la negociación colectiva”, insistió el secretario de Estado quien, ante las huelgas de la próxima semana, confirmadas por los sindicatos, aseguró que el Gobierno iba a garantizar los servicios mínimos, que estaba previsto que fueran fijados a última hora de la tarde de ayer. Los sindicatos, que aseguraron que estos no eran necesarios al ser la huelga en horas alternas, afirmaron que en todo caso los respetarían.
De esta forma, tras lo vivido ayer y si no hay sorpresas de última hora, el viernes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto de reforma de la estiba y el lunes los estibadores irán a la huelga, trasladándose la presión al Congreso de los Diputados, que en un plazo de 30 días deberá convalidar el decreto, clave para que la Comisión retire la petición de millonarias sanciones económicas ante el Tribunal de Luxemburgo.
Preguntado sobre si el Gobierno ya goza de los apoyos parlamentarios suficientes para convalidar el decreto, Gómez-Pomar anunció que se están manteniendo las conversaciones pertinentes, no sin antes hacer un llamamiento a todos los grupos políticos.
“La sentencia del Tribunal de Luxemburgo fue contra el poder legislativo español por regular en contra de los tratados de la Unión. Por eso llamamos a la responsabilidad de ese poder legislativo para que apoyen al Gobierno en su propósito de cumplir los requerimientos de las instituciones comunitarias. Si no se convalida el decreto habrá que hacer frente a sanciones millonarias y ¿cuándo lo presentaremos de nuevo? ¿Cuándo ya vayamos por 50 millones? ¿Y cuándo lo convalidaremos, cuando vayamos por 100, por 500 millones…? No tiene ningún sentido. Apelo a la sensatez de los grupos políticos y a su apoyo para un texto al que la Comisión ha dado su visto bueno”, dijo Gómez-Pomar.