En su carta, Gómez-Pomar afirma que “en breve” se someterá a información pública el anteproyecto de real decreto, al tiempo que se asegura que, una vez superada esta fase, el texto se mandará con carácter de urgencia para su análisis por el Consejo de Estado.

El secretario de Estado hace un intento en la carta de explicar qué gestiones se han hecho hasta ahora en el proceso de tramitación que justifican tan pocos avances pese a que el contenido del primer borrador se dio a conocer en mayo de 2017.

De acuerdo con la carta, en el mes de junio se realizó el proceso de consulta pública, recibiéndose cuatro alegaciones que, según Gómez-Pomar, fueron analizadas y “se incorporó el resultado del análisis a la tramitación”.

A continuación, “se remitió un borrador de texto a los distintos departamentos ministeriales y a los órganos y organismos competentes dependientes de los ministerios que por razón de sus funciones deban emitir informar o considerar el texto”, proceso en el transcurso del cual “se ha elaborado un borrador de memoria de análisis de impacto económico que ha sido enviada también a los departamentos ministeriales”, se informa en la carta.

Junto a este proceso en el seno de la Administración española también “se han intercambiado consideraciones sobre las limitaciones y contenido del futuro reglamento con la Comisión Europea a través de sus servicios técnicos”, afirma el secretario de Estado.

De esta forma, se sigue a la espera de que todos los ministerios remitan sus informes considerándose desde Fomento que “en breve, una vez recibidos todos los informes pertinentes y concluido el análisis de los mismos, se procederá a someter el borrador a información pública”, abriéndose esta a fase a las alegaciones de las organizaciones implicadas.

Sin planificación

Una vez superada la fase de información pública, el texto “se mandará por urgencia al Consejo de Estado”, se asegura en la carta, en la que no se recoge ninguna planificación detallada de cuándo exactamente se van a ir dando estos pasos ni en qué momento se prevé que vea por fin la luz el reglamento.

Ante las manifestaciones de la patronal lamentando la dilación con la que se está tramitando el reglamento, el secretario de Estado asegura en su carta que “la tramitación ha seguido su cauce oportuno procurando recabar el parecer de todas las entidades, asociaciones y organismos administrativos cuyas consideraciones hayan de ser tenidas en cuenta o resulten relevantes” ya que “es nuestro interés que el real decreto cuente con todos los controles y garantías así como la mayor aceptación social posible”.

En este sentido, el secretario de Estado “ruega” a la patronal que “entienda que dicho proceso normativo, aunque se impulse con urgencia, requiere de una serie de pasos y estudios ineludibles”.

En estos momentos, la tramitación del referido real decreto ha consumido ya más de 8 meses desde la publicación del borrador en el mes de mayo de 2017.

Hay que destacar que en la carta remitida a la patronal ANESCO, el secretario de Estado de Infraestructuras no ofrece explicación alguna de la no inclusión del real decreto de desarrollo reglamentario en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2018, una de las cuestiones que más ha preocupado a la patronal y a los sindicatos y que la patronal recogió en la carta remitida a Fomento a finales del año pasado.