Fuente: diariodelpuerto.com

A 24 horas de que dé comienzo en el Congreso de los Diputados el debate de convalidación del real decreto ley para la reforma de la estiba, la incertidumbre va in crescendo ante las dudas de que el Gobierno vaya a poder conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para sacar la reforma adelante.

Ahora mismo cinco son las salidas que tiene el Gobierno: algunas están en su mano y otras no; algunas tienen más visos de cumplirse y otras parecen muy alejadas; y algunas tienen un alto coste político, por lo que está en el tejado del Ejecutivo encontrar antes de la votación de mañana una alternativa lo más airosa posible para salvar la esencia de su reforma y su propia cara ante la ciudadanía.

SALIDA 1: NUEVO APLAZAMIENTO

La salida inmediata que tiene el Gobierno en el proceso de reforma de la estiba es aplazar una semana más el debate de convalidación. El plazo máximo que otorga el reglamento para cumplir con la obligación de convalidar un real decreto ley en el Congreso aprobado por el Gobierno son 30 días naturales a partir de la publicación del mismo en el BOE. Ese plazo termina el 27 de marzo y el último pleno hábil antes de esa fecha es el del 23, por lo que el Gobierno aún podría aplazar el debate y su posterior votación una semana más.

Objetivo:
El objetivo claramente sería seguir ganando tiempo, con la esperanza de que en estos días al final se lograran avances en la mesa de negociación colectiva al tiempo que se consiguiera por fin convencer a la oposición de votar a favor de la reforma.

Consecuencias:
Un aplazamiento probablemente llevaría a los sindicatos a suspender las próximas tres jornadas de huelga. No obstante, las consecuencias reales de este aplazamiento serían nulas pues es más que previsible que la mesa social siguiera en punto muerto, lo que igualmente mantendría a la oposición en su actual postura. El único factor decisivo podría ser que el Gobierno optara por el aplazamiento pero complementándolo con la decisión de sentarse a la mesa de negociación.

Probabilidades:
El ministro de Fomento descartó el lunes esta opción pues no sirve más que para alargar la agonía.En todo caso, al cierre de esta edición todas las miradas estaban pendientes de la Mesa del Congreso ante la posibilidad de que se solicitara el aplazamiento.

SALIDA 2: RETIRADA

Ante el riesgo de sufrir un revolcón parlamentario inédito por la falta de apoyos políticos (hay que recordar que para obtener la convalidación es necesaria mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra con independencia de las abstenciones) el Gobierno tiene ante sí la posibilidad de evitar la votación de mañana y, con ello, renunciar al real decreto ley.

Objetivo:
El objetivo de retirar el real decreto ley sería abrir de inmediato una negociación con patronal y sindicatos para elaborar con carácter de urgencia un nuevo real decreto que, cumpliendo con la sentencia, fuera satisfactorio para todas las partes, lográndose así un consenso social que haría inevitable el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. En esta negociación los sindicatos estarían dispuestos a respetar el contenido del real decreto con sólo tres enmiendas básicas: reforzar las exigencias formativas, contemplar un registro en los términos que acepte la Comisión y garantizar la subrogación.

Consecuencias:
Si se abre una mesa de negociación con el Gobierno todas las huelgas serían suspendidas. La Comisión estaría ahora dispuesta a dar de plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo. Habría que ver si la apertura del melón de la negociación del decreto no lleva a nuevas exigencias sindicales que pongan en riesgo el cumplimiento de la sentencia, generen conflictividad, dilaten el proceso y dificulten la negociación con la Comisión. Además, no se descartarían consecuencias políticas.

Probabilidades:
Se antoja ahora mismo la salida más airosa dada la falta de apoyos parlamentarios.

SALIDA 3: RECHAZO

La fijación del debate de convalidación del real decreto ley de reforma de la estiba para mañana jueves y el rechazo por parte de todos los grupos de la oposición al mismo, dadas ahora mismo sus posiciones ante la opinión pública, nos llevarían el jueves a que el Pleno del Parlamento votara en contra del decreto y este decayera de forma automática.

Objetivo:
Conociendo de antemano el voto en contra de la oposición, la única intención que podría tener el Gobierno de llegar a este punto y permitir la votación sería hacer responsable a la oposición de las ulteriores sanciones que se derivaran del incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, sanciones exigidas por la Comisión Europea, así como hacer responsable también a los sindicatos y al conjunto del colectivo de la estiba.

Consecuencias:
Con la victoria sindical desaparecería por el momento la conflictividad laboral. Por otra parte, de no articularse un nuevo proceso de reforma con celeridad, se impondrían las anunciadas y temidas multas contra España. Un rechazo en el Parlamento del decreto conllevaría, con toda probabilidad, dimisiones en el seno del Ministerio de Fomento.

Probabilidades:
No parece lógico que el Gobierno quisiera llegar hasta este punto, dadas sus importantes consecuencias políticas y ante la opinión pública.

SALIDA 4: CONVALIDACIÓN

El Gobierno sigue trabajando en todos los frentes para lograr en el último momento una mayoría suficiente que permita el jueves la convalidación del real decreto. Al cierre de esta edición, fuentes gubernamentales seguían confiando en el voto favorable de PNV y Ciudadanos. Eso sí, la clave sigue estando en el PSOE, que es quien más firmemente se opone a votar a favor de un decreto que no esté respaldado por el acuerdo social entre patronal y sindicatos. Un acuerdo en el que no se esperan avances pese a la reunión técnica convocada hoy por el mediador, Marcos Peña, sobre asuntos de convenio colectivo que se consideran que no tienen valor a efectos de las demandas relativas al decreto.

Sin esperanzas de que se logre un acuerdo inmediato en esta mesa social, parece difícil captar el voto favorable o cuanto menos la abstención del PSOE.

La propuesta del ministro De la Serna de mantener una reunión antes del jueves con Susana Díaz, dado su peso en el PSOE y en el sector de la estiba, seguía ayer al cierre de esta edición sin cristalizar, sobre todo ante el aparente escaso interés de la presidenta de la Junta de Andalucía.

Objetivo:
Para el Gobierno la convalidación es el fin primordial, logrando la liberalización del sector y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, evitando las multas.

Consecuencias:
La convalidación supondría de forma automática la paralización de los puertos desde este mismo viernes y como mínimo hasta que hubiera algún avance en el ámbito de la garantía en el empleo, bien a través de la mesa social, bien a través de las ayudas a prejubilaciones del Ministerio de Empleo, bien a través del instrumento normativo complementario planteado por el Gobierno. Con la convalidación, la Comisión Europea retiraría automáticamente la segunda denuncia del Tribunal de Luxemburgo.

Probabilidades:
Se antoja remota siempre y cuando los partidos estén siendo sinceros en sus manifestaciones públicas.

SALIDA 5: CONVALIDACIÓN + PROYECTO DE LEY

La última opción que tiene el Gobierno es convencer a la oposición de que respalde el decreto pero a condición de abrir con carácter de inmediato su tramitación como proyecto de ley. Quedaría salvaguardada la esencia del modelo propuesto, quedando limitadas las modificaciones a enmiendas del mismo.

Objetivo:
El Gobierno lograría salvar la cara ante la opinión pública y la oposición lograría salvar la cara ante los sindicatos con la posibilidad de las enmiendas.

Consecuencias:
La mera convalidación seguiría siendo considerada por los sindicatos como una afrenta y no disminuiría la conflictividad social. De cara al proceso del Tribunal de Luxemburgo podría justificarse que el decreto se ha convalidado, pero la tramitación como proyecto de ley podría complicarse y eternizarse generando aún más inseguridad jurídica.

Probabilidades:
Es la opción que menos gusta entre las fuerzas parlamentarias.