Fuente: diariodelpuerto.com

El Gobierno confirmó el viernes su firme voluntad de liberalizar el sector de la estiba con la aprobación del real decreto ley por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. Con esta medida, tal y como anunció el viernes el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el Gobierno reforma “el único sector que en España no tiene libertad de contratación”, sector a su vez calificado en un comunicado por el sindicato Coordinadora como uno de los únicos colectivos que en España “mantienen condiciones de trabajo decentes”.

El sindicato, que rechazó “de manera absoluta y enérgica” el real decreto y que se mostró claramente ofendido porque Fomento supuestamente había convocado en la tarde del viernes a la patronal ANESCO a una reunión sin contar con ellos, denunció que el real decreto sólo responde a “los intereses de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales” y que “sólo logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país, un reducto en el que desarrollan su labor algunos de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes”, insistió el sindicato.

El ministro de Fomento, en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, se anticipó a estas críticas subrayando el “gran esfuerzo de diálogo” ejercido en el proceso de reforma e invitando a los sindicatos a resolver sus demandas en el ámbito de la negociación colectiva, solicitando una “intensificación de las reuniones” con el objetivo de alcanzar un acuerdo a la mayor brevedad posible.

Durante la comparecencia del ministro fue especialmente relevante su referencia a los grupos parlamentarios, haciendo un “llamamiento a la responsabilidad” y mostrándose “convencido de que ningún partido político quiere que se vaya acumulando una multa millonaria”.

De la Serna aseguró que “sería difícil de entender que los grupos parlamentarios no facilitaran la aprobación del decreto”, apelando al sosiego de todas las fuerzas políticas para evitar debates que no favorezcan la negociación colectiva y la alteren en vez de fomentarla.

A este respecto, De la Serna, hizo referencia a las declaraciones de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien en declaraciones radiofónicas criticó el “ordeno y mando» del Ejecutivo central. No obstante, consideró que “hay que cumplir la Ley y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, pero al mismo tiempo es necesario el diálogo con las empresas y los trabajadores”, afirmación sobre la que Íñigo de la Serna dijo que “no puedo estar más de acuerdo”.