Fuente: diariodelpuerto.com
La segunda denuncia de la Comisión Europea contra el Reino de España por su régimen de estiba ya ha sido registrada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo (TJL).
Así lo han confirmado a este Diario fuentes de Puertos del Estado, de tal forma que el proceso formal de esta segunda denuncia se ha desencadenado y, por tanto, comienza la cuenta atrás para alcanzar un acuerdo en torno a la reforma de la estiba si se quiere evitar las multas diarias que podrían derivarse de una segunda sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El pasado 28 de abril la Comisión Europea anunció su decisión de volver a denunciar al Reino de España por el incumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de Luxemburgo por la que este tribunal declaró el régimen de estiba portuario español contrario al derecho de la Unión.
Según anunció en ese momento la Comisión, España era denunciada por segunda vez al “no haber abordado convenientemente los problemas identificados en la primera sentencia del Tribunal de Justicia”, en la que se declaraba contraria al derecho de la Unión la obligación de que las empresas estibadoras formen parte del capital de las sociedades de estiba y que, además, deban contratar prioritariamente el personal puesto a disposición por dichas sociedades.
Prácticamente tres meses después, la Comisión Europea ha activado el trámite burocrático de lo anunciado en abril y ha formalizado el registro de la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo, de tal manera que es en este momento en el que se inicia su tramitación ante el tribunal europeo de cara a desembocar en una nueva sentencia.
Mientras España no implemente una reforma acorde con los postulados de la primera sentencia, el resultado de la segunda sentencia se presupone condenatorio y, además, en el marco habitual de las condenas por incumplimiento de los mandatos del tribunal, es decir, con multas económicas por cada día de incumplimiento a partir de la sentencia.
Medios generalistas han hablado en los últimos días de que en este caso concreto la multa diaria podría estar fijada en unos 27.522 euros.
Fuentes del proceso insisten en que a partir de ahora el Tribunal de Luxemburgo puede tardar en dictar sentencia en torno a 8 meses, plazo orientativo que es el que tienen ahora mismo el Gobierno y los agente sectoriales para negociar, acordar y aprobar una reforma acorde con lo exigido por Europa si se quieren evitar las multas.
Ahora bien, el proceso está ahora mismo atado de pies y manos pues no es solamente que el Gobierno esté en funciones, sino que ni siquiera el Ministerio de Fomento tiene ministro, con Rafael Catalá limitado al despacho de los asuntos competencia de este departamento.
Por tanto, mientras el reloj ha comenzado a correr en Luxemburgo, en España sigue parado a la espera de un nuevo Gobierno que pueda poner en marcha las negociaciones.
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La ya exministra Pastor anunció el pasado 29 de mayo que España ya había remitido un borrador a la Comisión con ánimo de satisfacer sus exigencias y como muestra del interés por definir la reforma a partir del mismo en cuanto haya capacidad ejecutiva.
Sea como fuere, esto no ha servido y la Comisión ya no ha dado más tregua, no ya sólo con la comunicación de la denuncia, sino ahora con la presentación efectiva de la misma, algo menos de tres mes después, cuando en la primera ocasión tardó cinco meses.
