Fuente: diariodelpuerto.com

Negociaciones, preavisos, huelgas, treguas, preacuerdos, subrogaciones, todo esto bulle a gran velocidad estos días en los puertos fruto del conflicto de la estiba. Sin ir más lejos, al cierre de esta edición el viernes la patronal decidía si aceptaba la propuesta sindical de definir unas reglas de juego que permitan poder afrontar una negociación sosegada del V Acuerdo Marco.

No obstante, esta propuesta, como ha venido informando Diario del Puerto, no es más que una tregua que permitiría desconvocar las ochos jornadas de huelga en horas alternas que tienen ya sobre la mesa los sindicatos.

Es, por decirlo coloquialmente, pan para hoy y hambre para mañana pues la clave es la negociación de ese V Acuerdo Marco que tendría como fecha límite para rubricarse el 30 de septiembre.

Por tanto, hasta entonces y a partir de entonces el objetivo debiera ser con independenia de todo la «estabilidad», por cuanto lo que más daño puede representar para los puertos españoles tanto a corto, como a medio, como a largo plazo es la incertidumbre, es la tensión latente, son las heridas cerradas en falso, es la sensación de que en cualquier momento se pueda romper la paz entre empresas y trabajadores y generarse no ya sólo huelgas en cualquier circunstancia, sino los temidos bajos rendimientos.

Todas estas cuestiones fluyen bajo anuncios como el confirmado el jueves por Fomento por parte de la naviera Maersk, que estaría valorando retirar 35.000 movimientos semanales de su terminal de Algeciras, lo que podría provocar la pérdida del 70% del tráfico.

El debate interno en el seno de la patronal también ha transitado estos días por estos derroteros pues no se quieren dar patadas hacia adelante, no se quiere firmar cualquier cosa para eludir las huelgas inminentes, lanzando mensajes erróneos de cara a la negociación definitiva del V Acuerdo Marco, donde se debe articular un sistema no sólo respaldado por todos los agentes sectoriales en ese momento, sino que no ofrezca dudas ni sea foco permanente de disensiones y conflictos en cuestiones como ingresos, formación o nombramientos.

Fuente: diariodelpuerto.com

La patronal de empresas estibadoras ANESCO debatirá esta tarde en Asamblea General a partir de las 16:00 horas si acepta o no la propuesta de preacuerdo planteada por los sindicatos de estiba, que supone dar una tregua al conflicto mediante la subrogación del personal y mientras se negocia el V Acuerdo Marco con el 30 de septiembre como fecha tope.

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Sabedor de lo decisiva que es esta semana, con la amenaza de 48 horas de huelga a partir del miércoles y la reunión mañana martes entre patronal y sindicatos tras más de diez sin verse las caras, el Ministerio de Fomento lanzó el viernes la voz de alarma poniendo números y rostro al impacto de las tres primeras jornadas de huelga, todo un aviso a navegantes de lo que representarían nuevos paros.

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La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, anunció el viernes en Barcelona la creación del European Ports Forum, una plataforma de diálogo que tiene como misión «definir iniciativas importantes para el desarrollo sostenible de los puertos». Bulc hizo este anuncio en el marco de la conferencia anual que la European Sea Ports Organisation (ESPO) celebró la semana pasada en la capital catalana. La comisaria explicó que la idea es que el foro actúe como «una plataforma de diálogo» que sirva para definir las políticas portuarias.

En concreto, en el foro se intercambiará información sobre las políticas e iniciativas adoptadas a nivel de la Comisión Europea (CE), de los Estados miembros o de las partes interesadas de la industria portuaria; se asesorará a la Comisión sobre las iniciativas para promover y apoyar una aplicación uniforme del reglamento de la Unión Europea que establece un marco para la prestación de servicios portuarios y normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos; se dará apoyo a la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros en las cuestiones derivadas de la aplicación de dicho Reglamento; se prestará asesoramiento, análisis, información y datos a la CE para el seguimiento de la estrategia portuaria europea, así como sobre cualquier otro asunto relacionado con las distintas políticas de la CE con repercusiones en los puertos.

Según se recoge en las bases redactadas por la Comisión Europea (CE) para elegir a los miembros que integrarán el foro, éste estará compuesto por un total de 60 expertos de las organizaciones que representan a nivel europeo las autoridades portuarias, los proveedores de servicios portuarios, los usuarios de puertos marítimos (expedidores, operadores logísticos y armadores, ferrocarril, navegación interior y operadores de transporte intermodal), las principales ciudades portuarias y organizaciones no gubernamentales que protegen el medio ambiente; autoridades de los Estados miembros y otras entidades públicas como el Foro Internacional del Transporte.

Puertos más autónomos

La comisaria europea de Transportes también apuntó la necesidad de que se lleven a cabo más inversiones en los puertos europeos, tanto en infraestructuras como en tecnología, y apostó porque estén «mejor gestionados». Violeta Bulc añadió que es necesaria «más autonomía de los puertos para su desarrollo»en ámbitos como la gestión y las inversiones y añadió que este es uno de los objetivos de la CE.

A juicio de Violeta Bulc, es clave que los puertos europeos apuesten por la digitalización y «no se duerman» porque pese a que Europa tiene un potente sistema portuario, «los competidores acechan».

Fuente: diariodelpuerto.com

Lo vivido ayer en la reunión de constitución de la comisión negociadora del nuevo acuerdo marco para el sector de la estiba lo resumió muy gráficamente Antolín Goya, líder del sindicato Coordinadora, a la finalización del encuentro: “Nos encontramos con una patronal que no está ahora en el equilibrio de la balanza a la hora de negociar. Está en una posición de poder y quieren ejercer su poder y cuestionarlo todo”.

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Ante el cambio en las reglas del juego que representa la reforma de la estiba, el sindicato mayoritario Coordinadora está dispuesto a llevar la negociación colectiva hasta sus últimas consecuencias para llegar a un acuerdo con la patronal que bloquee el impacto de la liberalización y que ésta apenas tenga impacto en la estructura actual, siendo los futuros Centros Portuarios de Empleo (CPE) el eje para lograr este objetivo.

Así quedó de manifiesto ayer durante la rueda de prensa del líder de Coordinadora, Antolín Goya, al término de la Asamblea General celebrada por el sindicato en Madrid y en la que se ratificó el principio de acuerdo alcanzado el lunes para la negociación con ANESCO.

En el marco de este proceso, más allá del compromiso de subrogación del 100% del personal, Coordinadora va a exigir a las empresas la transformación inmediata de todas las SAGEP en Centros Portuarios de Empleo, posibilidad que recoge el real decreto, no esperándose a la finalización de los 3 años de periodo transitorio.

En esta misma línea, esto supone que Coordinadora va a exigir que todas las SAGEP se transformen y que ninguna se disuelva, que es otra de la posibilidades que establece el Real Decreto.

Por si esto fuera poco, Coordinadora también va a defender hasta el final que las empresas que actualmente forman parte de las SAGEP sigan integradas en las mismas y a su vez permanezcan como miembros en los futuros Centros Portuarios. Por tanto, aunque las empresas tienen a partir de ahora 6 meses para decidir libremente si siguen dentro de las SAGEP o se desligan de las mismas, Coordinadora va a exigir que ninguna empresa se salga de las sociedades de estiba. Además, la intención del sindicato es lograr un compromiso por parte de las empresas de no hacer uso de la exigencia mínima de contratación de personal prevista para las SAGEP en el periodo transitorio.

Aunque ahora mismo ya está vigente que durante el primer año sólo hay obligatoriedad de contratar de las SAGEP (o del CPE transformado) el 75% del personal necesario, Coordinadora quiere, en primer lugar, que durante el vigente proceso negociador se siga contratando el 100% del personal a través de la SAGEP. En segundo lugar, quiere lograr un acuerdo para que este compromiso del 100% se extienda a lo largo del periodo de vigencia del convenio marco que se negocie.

De esta forma, Coordinadora quiere lograr por la vía de la negociación colectiva un acuerdo que minimice el impacto de la liberalización y que pese a la no obligatoriedad de pertenencia a las sociedades de estiba y de contratación de las mismas, las empresas terminen viéndose abocadas a formar parte de un único Centro Portuario de Empleo y a contratar el 100% del personal del mismo.

Reglamento

Para ello, Coordinadora quiere avanzar en la negociación del desarrollo reglamentario del decreto con el fin de clarificar que en los puertos sólo puedan operar para la prestación de personal de estiba Centros Portuarios de Empleo y que estos sólo puedan estar integrados por empresas estibadoras.

Otra reivindicación importante de los sindicatos en esta fase del proceso es que se garantice su participación en los procesos de formación de a cara a “los futuros ingresos en los puertos a través de prácticas profesionales”.

Fuente: diariodelpuerto.com

La estiba ha sido liberalizada, pero el futuro a corto, medio y largo plazo sigue plagado de incógnitas. El nuevo real decreto convalidado el jueves crea un nuevo marco legal pero siembra de dudas numerosos ámbitos pendientes de o bien por la vía del desarrollo reglamentario con el segundo real decreto; o bien por la vía de los pactos que se alcancen en la negociación colectiva; o bien, y esto es lo más preocupante, por la vía de la interpretación particular de los textos legales, dentro de una ambigüedad que se ha manifestado nefasta dadas las experiencias en este ámbito de la legislación portuaria.

Se recogen a continuación las nueve incógnitas de mayor relevancia en un análisis que debe servir como toque de atención.

1.- ¿Quién proveerá el personal estibador a las empresas a partir de ahora?

Hay dudas muy serias de interpretación en torno a quién podrá en el nuevo marco liberalizado proveer de personal estibador en relación laboral especial a las terminales portuarias. Los sindicatos han defendido con uñas y dientes que los conocidos como Centros Portuarios de Empleo (CPE), llamados a sustituir a las SAGEP, estén conformados únicamente por empresas titulares del servicio de manipulación de mercancías.

En este sentido, el borrador del segundo real decreto consagra de forma específica esta cuestión, regulando que los CPE sean algo exclusivo de las empresas estibadoras, no pudiendo formar parte de los mismos, por ejemplo, no ya sólo empresas de trabajo temporal de ámbito genérico sino tampoco empresas del ámbito portuario que no tengan el título para la prestación del servicio de manipulación.

Dicho esto, el real decreto convalidado regula la creación de los Centros Portuarios de Empleo “sin perjuicio de las empresas de trabajo temporal u otras que estén constituidas o puedan constituirse” a efectos de la provisión de mano de obra. Por tanto, no hablaríamos de un ámbito exclusivo. Es decir, el esquema en los puertos podría ser, por un lado, Centros Portuarios de Empleo formados exclusivamente por empresas estibadoras y, por otro, otras empresas de trabajo temporal sin requerimientos para su composición, siempre en cualquiera de los casos bajo la regulación propia de las ETTs.

Ahora bien, desde el ámbito sindical se afirma que esta posibilidad de que podrá haber otros proveedores distintos a los CPE es difusa y que la interpretación sería que sólo pueden operar CPE en los puertos y sólo integrados por estibadoras.

Clarificar esta cuestión es fundamental pues está en juego saber hasta qué punto el mercado ha sido liberalizado y ha dejado o no de ser exclusivo.

2.- ¿Quién otorgará el certificado de profesionalidad?

La formación es otro de los grandes caballos de batalla en la reforma de la estiba, toda vez que está ligada a la productividad pero, por encima de todo, a la seguridad. A la vez, es un ámbito en el que los sindicatos tienen una alta cuota de participación y, por si esto fuera poco, es la frontera que delimita la titulación del intrusismo, en esa búsqueda desde el principio por parte de los sindicatos de delimitar el acceso a la profesión con un registro/censo.

Uno de los logros sindicales en el nuevo real decreto convalidado es el que se haya reducido a tan sólo una las vías de acceso formativo a la profesión.

Hablamos del denominado certificado de profesionalidad que el ministro ha negado que pueda estar ligado a cualquier espíritu de contingentación. Eso sí, esto no será constatable hasta que no se sepa quién será el encargado de otorgar este certificado de profesionalidad, que además exigirá un mínimo de 660 horas de prácticas, el 75% de ellas con maquinaria y operativas reales. El ministro ha hablado de que el certificado lo otorgará un instituto oficial pero no ha especificado más. ¿Qué instituto? ¿Cómo se podrá acceder a impartir el certificado? ¿Qué papel jugarán en los certificadores las empresas y sindicatos?

3.- ¿Quién va a negociar los convenios y qué convenios va a haber en la estiba?

Como quiera que la garantía del empleo es la reivindicación máxima de los sindicatos y toda vez que la vía convenial es la única posibilidad que el Gobierno ha dejado para alcanzar este objetivo, es fundamental saber qué convenios va a haber en la estiba, cómo se van a negociar y quién los va a negociar, factor este último fundamental para sustentar el ámbito y la eficacia de dichos convenios, es decir, cuánto obligan y a quién obligan y, por tanto, si la subrogación y la garantía del empleo serán reales o una quimera.

Es crucial la modificación introducida en el real decreto convalidado por la cual se impulsan los denominados convenios de puertos y se equiparan a los convenios de empresa. Esto supone que el convenio de empresa no primaría sobre el resto y, por tanto, se dificulte el descuelgue de las empresas con el fin de eludir la subrogación y recurrir a medidas recogidas en el decreto como el despido subvencionado.

En esta línea de potenciación y refuerzo de los convenios de puerto será importante saber en qué papel queda el convenio marco de ámbito nacional. Ahora mismo está en vigor el conocido como nuevo IV Acuerdo Marco que expira, en principio, a finales de 2017, por lo que el momento es el idóneo para tomar una decisión al respecto.

Dicho esto, la eficacia de los convenios está directamente ligada a la representatividad de quienes los firman. En este sentido es necesario confirmar si las empresas están dispuestas a negociar estos convenios y si lo quieren hacer a través de sus patronales. La votación mañana por parte de ANESCO de una propuesta para que esta asociación excluya de entre sus fines la negociación colectiva siembra de dudas este proceso.

4.- ¿Qué impacto real tendrán las prejubilaciones?

Una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa de forma permanente en el proceso de reforma de la estiba ha sido el deseo de las empresas de ajustar las plantillas a las necesidades reales de actividad en cada puerto.

Una de las vías diseñadas para que estos ajustes sean lo menos traumáticos posibles es la de las prejubilaciones, que se regularán en el segundo real decreto y que se aplicarán con carácter voluntario, por lo que está en duda cuál puede ser el impacto real en las plantillas y en los costes portuarios. De acuerdo con los datos que manejan los sindicatos el número de estibadores que ahora mismo serían prejubilables, es decir, faltarles menos de 60 meses para la jubilación con los particulares condicionantes técnicos, serían unos 730. Teniendo en cuenta que el salario medio de un estibador son 69.643 euros anuales, estaríamos hablando de un ahorro en la estiba si todos estos trabajadores se prejubilarán de más de 50 millones de euros anuales. ¿Sería suficiente? ¿Haría falta además recurrir a las otras vías de despido? El Gobierno ha previsto para las prejubilaciones un coste de unos 120 millones de euros.

5.- ¿Quiénes y en qué medida van a atreverse a hacer uso del despido subvencionado de estibadores?

La medida maldita del real decreto convalidado por el Congreso de los Diputados para la reforma de la estiba es la que hace referencia a la posibilidad que tienen las sociedades de estiba de despedir a los trabajadores en cualquier momento del tiempo cubriendo los costes de despido las autoridades portuarias.

Con esta medida el Gobierno y la Comisión Europea buscan que no se creen desigualdades en costes laborales entre las empresas que vienen prestando servicio y los futuros operadores, asumiendo las autoridades portuarias los pasivos laborales de tal forma que los trabajadores puedan volver a ser contratados pero ya en las condiciones económicas fruto de la liberalización, es decir, con salarios más bajos.

Esto es lo que ha llevado a los sindicatos a acusar al Gobierno de fomentar el despido de los más de 6.100 estibadores, estimando que poner en la calle a este colectivo tendría un coste de unos 384 millones de euros.

Toda vez que los sindicatos están incidiendo en que se garantice el 100% del trabajo y van a pelear con uñas y dientes esta cuestión en el ámbito de la negociación colectiva, representa una gran incógnita saber hasta qué punto los despidos subvencionados van a ser utilizados por las empresas.

¿Quién se va a atrever a despedir por esta vía aunque esté refrendada legalmente? ¿Qué impacto en la competitividad de las empresas estibadoras actuales frente a las futuras puede tener no acogerse a esta medida y optar por la subrogación del 100% de los trabajadores?

6.- ¿Van a ser los puertos españoles más eficientes?

Más allá de concepciones ideológicas de la estiba, sólo se entiende una reforma del calado de la acometida en España si su implementación conlleva una mejora en la eficiencia de las operaciones y en la competitividad del sistema portuario en su conjunto.

En este sentido y a largo plazo, ¿van a ser los puertos españoles con esta reforma más eficientes en costes? ¿Va a impactar esa eficiencia en toda la cadena o los eslabones inmediatos no la van a notar porque se va a perder por el camino? ¿Se van a mantener o mejorar los ratios de eficiencia productiva de los estibadores o van a empeorar por la entrada de nuevo personal?

7.- ¿España terminará siendo cabeza de puente o de turco?

La Comisión Europea ha reiterado por activa y por pasiva que España sólo es una pieza más dentro de un proceso europeo de liberalización de la estiba que, recorriendo caminos distintos dados los diferentes puntos de partida, deberá llevar a todos los países a un marco regulatoria armonizado.

Ahora bien, ¿España va a ser la cabeza de puente que impulse reformas en todos los estados o con Bélgica se va a quedar en un caso aislado con la gravedad que ello comporta?

8.- ¿Vamos a tener que pagar igualmente la multa por no haber llegado a tiempo?

Si la reforma del régimen de estiba urgía era por una única y exclusiva razón: por el miedo a que se hicieran efectivas las sanciones económicas propuestas por la Comisión Europea por incumplir la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 11 de diciembre de 2014 que obliga a liberalizar el sector en España.

Esas multas están recogidas en la segunda denuncia presentada por la Comisión Europea por incumplimiento de la primera sentencia y se harían efectivas en cuanto el Tribunal de Luxemburgo nos condene de nuevo.

De cara al debate de convalidación del primer decreto el pasado 16 de marzo, el Gobierno tenía el compromiso de la Comisión Europea de que, si se producía la convalidación, automáticamente el Colegio de Comisarios tomaba un acuerdo de desestimiento y se retiraba la multa.

En este segundo debate el Gobierno ha acudido sin el acuerdo de desestimiento y no porque la Comisión no respalde el nuevo texto, sino porque la tramitación de la denuncia ha seguido avanzando y tal vez ya sería imposible pararla.

Tras decretar el Tribunal que no habrá vista previa y la sentencia la dirimirá una sala reducida de tres jueces, el propio ministro de Fomento manifestó el jueves su temor de que la sentencia ya esté redactada y sólo pendiente de envío, por lo que ya no habría marcha atrás.

España evitaría la multa de 134.107 euros por cada día de incumplimiento a partir de la segunda sentencia. No obstante, existe el miedo de que no se pueda evitar la multa de 27.522 euros por cada día de incumplimiento desde el 11 de diciembre de 2014.

Son hasta el 18 de mayo un total de 888 días, por lo que la multa a pagar sería definitivamente de 24,41 millones de euros.

El Gobierno aún confía en negociaciones de última hora para lograr evitar la multa.

9.- ¿Cuál es el futuro de Coordinadora? ¿Y el de ANESCO?

Durante todo el proceso de reforma de la estiba no sólo ha estado en cuestión el modelo de prestación del trabajo sino, también, las estructuras responsables de su pervivencia a lo largo del tiempo.

Muy conocida es la acusación sobre el enorme poder del sindicato mayoritario de estiba en los puertos, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, no sólo en lo que respecta a la organización del trabajo, sino en otros ámbitos vinculados como la formación.

Es por eso que siempre se ha dicho que la limitación del poder sindical era también uno de las consecuencias de esta reforma, poniendo en cuestión el futuro de Coordinadora en un entorno liberalizado y con nuevos agentes y nuevas referencias laborales.

Ahora bien, si es planteable el futuro de Coordinadora tras la reforma, aún lo es más en el caso de la patronal ANESCO, como ponen de manifiesto los últimos movimientos.

Hablamos de una patronal dividida, muy debilitada en su estructura, consumida a lo largo de todo este proceso por la disparidad interna de criterios y la falta de iniciativa en las negociaciones.

El hecho de que mañana se vaya a votar en Asamblea una propuesta para que ANESCO renuncie a su papel como representante empresarial en la negociación colectiva denota la crisis de identidad que vive la patronal.

De aprobarse esta medida sería necesario un replanteamiento de sus funciones y misión principal, algo crítico ante la citada división interna.

Fuente: diariodelpuerto.com

La estiba ha quedado liberalizada en España. El Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto de reforma impulsado por el Gobierno del Partido Popular de tal forma que ya es efectivo un nuevo régimen laboral que supone una revolución histórica fruto de las exigencias de la Comisión Europea a través de las sentencias del Tribunal de Luxemburgo.

Ahora bien, que el Gobierno haya pasado el rubicón del Congreso con su real decreto no significa en modo alguno el final de la conflictividad en los puertos y el inicio automático de una nueva paz laboral. Nada más lejos de la realidad.

Sobre la mesa hay pendiente un segundo real decreto para desarrollar reglamentariamente la reforma y, además, los sindicatos confirmaron ayer por boca del líder del sindicato mayoritario de estiba, Antolín Goya, que las huelgas siguen convocadas a partir del día 24, fruto de la “decepción” de una convalidación fundamentada en “decisiones erróneas basadas en la falta de diálogo” prevaleciendo “una actitud dictatorial del Gobierno”, denunció Goya.

“No nos sentimos derrotados, nuestro objetivo es el mismo, la garantía del 100% del empleo”, insistió el líder sindical, consciente, de todas formas, de que la partida entra en una nueva fase con nuevos condicionantes.

A este respecto y a preguntas de Diario del Puerto, el ministro de Fomento fue muy claro a la hora de precisar cómo debe resolverse el conflicto existente y qué ámbitos se debe trabajar para devolver la estabilidad a los puertos.

En primer lugar, Fomento no tiene previsto de momento abrir mesa de negociación alguna con los agentes sectoriales. El segundo real decreto está dentro de un proceso de información pública y, por tanto, los pasos son que en las próximas semanas las partes interesadas remitan sus propuestas a Fomento, entrándose en una fase de análisis y valoración que llevará varios “meses”, dijo el ministro.

Por tanto, es el momento de la “negociación entre patronal y sindicatos” y de que ambos colectivos negocien los convenios colectivos y garanticen por esta vía el empleo, aprovechando una de las medidas nuevas del real decreto, la equiparación de los convenios de empresa a los convenios de puerto, permitiendo los acuerdos sectoriales en el marco de estos segundos, subrayó el ministro.

Recoge el guante

En declaraciones a Diario del Puerto, el líder de Coordinadora recogió ayer el guante y se mostró dispuesto a convocar a una mesa a partir del lunes a la patronal para iniciar esta negociación e intentar avanzar en las cuestiones pendientes en las que no entra el decreto.

“Vamos a ir a la negociación colectiva y le vamos a dar una oportunidad a esa negociación con las empresas para conseguir los objetivos que nos faltan”, anunció Goya.

Huelgas

“Estamos defraudados con los partidos políticos y mantenemos las huelgas convocadas a partir de la próxima semana pero vamos a intentar una mesa de diálogo para ver si somos capaces en ese espacio de buscar una solución al conflicto”, dijo el líder de Coordinadora, que no obstante, tal y como se reconoció en el hemiciclo, asume que el nuevo decreto y también el borrador de reglamento representan un importante avance con respecto a la propuesta inicial y con respecto a las demandas en las que vienen insistiendo las fuerzas sindicales.

Único responsable

No obstante, desde el ámbito sindical existen dudas en torno al papel de la patronal ANESCO y a su voluntad de negociar los nuevos convenios, lo que le llevó ayer a Antolín Goya a señalar que en caso de que falle la negociación con la patronal “el Gobierno es el que nos aboca a un conflicto, siendo el único responsable el decreto convalidado”.

Fuente: diariodelpuerto.com

La enésima convocatoria de huelgas en los puertos españoles por parte de los sindicatos de estiba no ha tenido impacto, de momento, en la voluntad del Gobierno. Sin separarse del nuevo calendario previsto y teniendo en cuenta que el preaviso se daba casi por descontado, el Gobierno logró ayer por mediación del Grupo Parlamentario Popular, tal y como adelantó diariodelpuerto.com, la modificación del orden del día del Pleno del Congreso de los Diputados para celebrar el debate de convalidación del nuevo real decreto mañana mismo, en el marco de un pleno extraordinario.

El orden del día de cada Pleno semanal del Congreso se establece habitualmente a finales de la semana anterior. Como quiera que el nuevo real decreto de la estiba no fue publicado en el BOE hasta este sábado, no había podido ser tenido en cuenta a la hora de configurarse el orden del día del pleno de esta semana.

No obstante, como el objetivo del Gobierno es no consumir más tiempo “de forma innecesaria”, dada la espada de Damocles de las multas de la Comisión, y por tanto no agotar el plazo de 30 días que marca la legislación para convalidar un real decreto, ayer se sometió a la consideración de la Junta de Portavoces la modificación del orden del día del Pleno para incluir esta misma semana el debate de convalidación del decreto de la estiba.

La Junta de Portavoces es el órgano competente para dirimir estas cuestiones y, si bien no es habitual hacer modificaciones sobre debates normativos de este calado, tampoco es en modo alguno un hecho inédito.

En este sentido y tras el pertinente debate, la Junta de Portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja en su reunión de ayer martes ratificó que el Real Decreto Ley de reforma de la estiba se someta a debate para su convalidación en el Congreso este jueves 18 de mayo en el marco de un pleno extraordinario.

Tras la negativa experiencia del primer debate de convalidación y ante la evidente urgencia para querer fijar este segundo debate, se pone de manifiesto que el Gobierno parece tener claros en este caso sus apoyos parlamentarios.

Amarrados

Pese a que desde el Partido Popular se sigue haciendo gala de una enorme prudencia -ayer por ejemplo el portavoz parlamentario Rafael Hernando se limitó a decir que “se está en condiciones de lograr más votos” que la vez anterior- cada hora que pasa y, pese a la presión sindical, parece más claro que el PP tiene amarrados los votos favorables de PNV y Ciudadanos y, como mínimo, la abstención de PDeCAT. De esta forma la votación podría dar lugar a un resultado de 174 votos a favor, 168 en contra y 8 abstenciones, mayoría simple suficiente para la convalidación.

Fuente: diariodelpuerto.com

Los puertos españoles corren el riesgo de quedar paralizados a partir del próximo 24 de mayo si el Real Decreto aprobado el viernes en Consejo de Ministros cosecha los votos necesarios en el Congreso de los Diputados para entrar en vigor. Los estibadores confirmaron el viernes, tras la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que tenían previsto presentar el sábado el preaviso de huelga que, llegado el caso, se realizará en días y horas alternos, los lunes, miércoles y viernes del 24 de mayo al 9 de junio.

Así lo avanzaron los estibadores barceloneses el viernes, nada más confirmar el ministro de Fomento que el Real Decreto había superado el trámite del Consejo de Ministros. Sin embargo, y pese al contundente mensaje que el colectivo estibador quiere hacer llegar a Íñigo de la Serna –“Vamos a ganar, si no es en la mesa ganaremos en la lucha”, dijeron en Barcelona– desde los sindicatos también subrayan que su idea es seguir buscando consensos y no llegar a paralizar los puertos.

“Hasta el jueves hay posibilidad de diálogo, de seguir trabajando e intentándolo. Por nosotros no va a quedar”, subrayaba Albert Gil, responsable de Coordinadora en Barcelona, ante unos mil estibadores del puerto catalán.

La idea de los sindicatos es analizar el texto del real decreto cuando lo remita el Gobierno y, tras evaluarlo, se tomarán “las decisiones pertinentes”.

En un comunicado conjunto emitido por los sindicatos el viernes, señalaban que “si el texto no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad de la estiba, se plantean acciones contundentes como el ejercicio del derecho a la huelga”, pero reiteraban que “se establecerán contactos con todos los grupos parlamentarios para solicitarles el rechazo a una iniciativa del Gobierno, impuesta de una forma autoritaria y de manera contraria a lo que prometió que haría a los agentes sociales y a los empresarios, que esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva”.

La indignación de los estibadores con el ejecutivo del PP era, el viernes, palpable en el Puerto de Barcelona. No entienden que el Gobierno “vuelva a incumplir su palabra de buscar consensos” y aprueben un Real Decreto sin que ni siquiera “nadie, absolutamente nadie” haya leído el texto. Por ello, los estibadores advertían de que “con los mismos ingredientes, sale el mismo guiso” y “si el ministro pone los mismos ingredientes que la vez anterior, nosotros le vamos a dar el mismo guiso”, que no es otro que “lograr que el Real Decreto no se apruebe” o luchar: “Cuando nos cierren la vía del diálogo, empezará la de la lucha”, apuntaba Albert Gil.

Los estibadores de Barcelona confirmaron que hasta la misma noche del jueves habían estado trabajando con el PDeCAT para lograr que se introdujeran algunas de sus demandas en el Real Decreto, pero negaron que tuvieran ningún acuerdo con este partido o con algún otro.