Fuente: diariodelpuerto.com

No hubo milagro. El Gobierno sufrió ayer una más que significativa derrota en el Congreso tras la mayoritaria decisión del Pleno de rechazar el real decreto ley de reforma de la estiba.

La reacción de Fomento del miércoles presentando una oferta de acuerdo tripartito complementaria al decreto llegó tarde y resultó insuficiente para recabar los apoyos parlamentarios suficientes.

Sólo PNV (5) y Foro (1) votaron junto al Grupo Parlamentario Popular para convalidar el real decreto, recabándose unos más que insuficientes 141 votos a favor frente a los 174 en contra con los que la propuesta fue rechazada, merced a la oposición de PSOE, Podemos, ERC, PdeCAT, Compromís y Coalición Canaria entre otros.

Y es que el esperado voto a favor de Ciudadanos no llegó. Se quedó en una abstención (de las 33 abstenciones, 32 fueron de Ciudadanos más 1 voto equivocado del podemita Íñigo Errejón) tras comprobar el partido naranja que la apresurada reunión de la mesa negociadora de la tarde anterior no había contado con los representantes sectoriales y, por tanto, no había servido para nada.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, anunció el sentido del voto justo antes del inicio de la sesión, eliminando toda esperanza por parte del Gobierno de sacar adelante el decreto durante un debate en el que el ministro de Fomento insistió sin éxito en todos los mensajes lanzados en las últimas semanas con respecto al cumplimiento de la sentencia y de las exigencias de la Comisión, la amenaza de la multa y el compromiso por la garantía del 100% del empleo mediante la propuesta del acuerdo tripartito.

Podemos

Por lo que respecta al resto de las intervenciones, el más duro en su discurso fue el portavoz de Podemos, Félix Alonso Cantorné, quien denunció las a su entender “tretas de taberna” del Gobierno para buscar apoyos y votar la convalidación, al tiempo que intentó argumentar la existencia de una supuesta trama del Gobierno para “rendirse a los intereses financieros y especuladores” de los fondos de inversión, para la que intentó buscar implicaciones entre el informe sobre la estiba elaborado por PwC para PIPE, la propia consultora y el pasado profesional del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, cuya dimisión reclamó como responsable del decaimiento del decreto ley, lo mismo que la del propio ministro, Íñigo de la Serna.

También destacó la intervención contra el decreto de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, quien acusó al Gobierno de hacer el “ridículo” por “faltar a la verdad”, al considerar falsedades las acusaciones de que los puertos no son competitivos y los estibadores son unos privilegiados. Oramas reclamó al Ejecutivo diálogo y mostró su ofrecimiento para tramitar el decreto como proyecto de ley e incluir en el mismo el asunto de la subrogación.

Esta misma petición de tramitación como proyecto de ley fue realizada por el diputado de PdeCAT, Ferrán Bel, quien insistió en que la reforma “es necesaria pero debe ser pactada”, afeando al Gobierno que “las reformas estructurales no se pueden hacer de forma unilateral”.

El representante de Bildu acusó al Gobierno de utilizar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo para “penalizar y desregular todo un sector”, mientras que Joan Baldoví, de Compromís, afeó al Ministerio de Fomento el haberse sentado “tarde a la negociación”.

“Si se hubiera sentado antes habría habido margen para la negociación y para apoyar el decreto”, dijo Baldoví, quien aseguró que con el decaimiento del decreto comenzaba la negociación efectiva para cumplir la sentencia.

PNV

El único apoyo, además del voto a favor del diputado de Foro, que logró ayer el Gobierno fue el del PNV, cuyo portavoz, Íñigo Barandiarán, acusó a todas y cada una de las partes de no haber actuado “ni con responsabilidad ni con diligencia”. Acusó igualmente al resto de grupos políticos de mirar para otro lado “para evitar el problema” y subrayó que su grupo había recibido el miércoles con “alivio” la propuesta de acuerdo tripartito realizada por Fomento, que consideró que se plegaba a sus exigencias por manifestar un conjunto de “compromisos con un elevado contenido social”.

Barandiarán también justificó el voto del PNV a favor por “responsabilidad” y “en defensa del interés colectivo”, advirtiendo de que dadas las exigencias de las instituciones europeas cualquier otra propuesta legislativa alternativa a la que ayer decayó será “igual o muy parecida”.

Este mismo argumento estuvo en el discurso central del diputado popular Miguel Barrachina, quien acusó a la oposición de rechazar el decreto sin hacer propuesta alternativa alguna ni ofrecer medidas concretas para mejorarlo, a su entender porque “la única alternativa es este mismo texto” dado que “esto es el cumplimiento de una condena”.

“No se dejen engañar, la alternativa es el mismo texto”, insistió el diputado popular, quien abundó en el tema de la multa, redundando en la responsabilidad de la oposición en que todos los españoles tengan que pagar de su bolsillo las sanciones ante el incumplimiento por el rechazo en la convalidación.

Barrachina también empleó como arma arrojadiza el tema de los salarios de los estibadores. Tras asegurar que el salario medio en el puerto de Valencia son 109.070 euros anuales, aclaró que en todo caso el salario es una cuestión que compete a trabajadores y empresas, resultando “suficiente” en este ámbito con que las empresas tuvieran “capacidad de autoorganización”.