Fuente: diariodelpuerto.com
Salvo un imprevisible giro de 180 grados, el Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana el real decreto ley de reforma de la estiba y, además, con exactamente la misma redacción que el proyecto circulado hace exactamente dos semanas.
Así lo confirmó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación en Madrid del nuevo servicio Play Wifi de Renfe, acto que aprovechó para hacer una extensa reflexión sobre el conflicto abierto en la estiba, advirtiendo de que no hay intención alguna de abrir un proceso de enmiendas en la fase de tramitación parlamentaria y apostando por la convalidación íntegra en el Congreso del real decreto apoyado en los grupos de la oposición y en la responsabilidad y coherencia de estos con su defensa de los principios de libertad de empresa y libertad de contratación.
De la Serna, quien recordó que el decreto “cuenta con el consenso del sector empresarial”, fue rotundo al señalar que “volvemos a escuchar por parte de los sindicatos que se pretende incluir aspectos que ellos mismos, que nosotros como Gobierno y que todo el mundo conoce que la Comisión Europea en ningún caso va a aceptar”
“Se va a intentar trasladar en este periodo de la convalidación que hay que cambiar el real decreto -advirtió el ministro- cuando se sabe a ciencia cierta que la Comisión no lo va a aceptar”.
“¿Por qué?”, se preguntó el ministro: “Porque si se cambia o no se aprueba de inmediato, la situación de incumplimiento seguirá igual y habrá una multa por la cual los españoles deberemos pagar de nuestro bolsillo decenas y decenas de millones hasta que se produzca la aprobación de lo exigido por la Comisión”.
De la Serna acusó a los sindicatos de “hacer todo lo posible para mantener su statu quo”, pero advirtió que eso sólo lo podrían hacer “a costa de una evidente sangría del bolsillo de todos los españoles y, además, con una huelga que todos estamos convencidos que puede ocasionar un grave daño a la economía de este país”.
“Los sindicatos hacen todo lo posible para que nada cambie y se mantenga la misma situación, pero tengo la confianza en la responsabilidad de los partidos políticos”, dijo el ministro, quien se mostró convencido de lograr los suficientes apoyos de la oposición en la fase parlamentaria de convalidación y rechazó el plan alternativo de tramitar el decreto como proyecto de ley y admitir enmiendas.
En el caso de los grupos políticos, el ministro aseguró que los contactos están siendo permanentes mostrándose plenamente seguro de alcanzar su respaldo al decreto.
“A todos ellos les he escuchado en innumerables ocasiones defender el interés general de los españoles; les he escuchado en el Congreso defender la libertad de empresa en este país y que una empresa pueda contratar libremente a sus trabajadores; les he escuchado defender que los procesos de contratación sean libres y transparentes, que una persona tenga las mismas oportunidades laborales que otras; les he escuchado defender que no existan procesos de discriminación, que haya igualdad de género, que todos estemos sometidos a las mismas reglas del juego. Por lo tanto, estoy convencido de que esta defensa que vienen haciendo los partidos políticos con independencia del color y la ideología tendrá mucho que ver para que, ante una situación de necesario cumplimiento de una sentencia en la que básicamente lo que se pide es eso, que una empresa pueda contratar libremente a sus trabajadores, los partidos políticos den su apoyo”.
En cuanto a la posibilidad de una tramitación alternativa mediante enmiendas, De la Serna fue taxativo. No hay plan B. No hay más plan que convalidar el decreto tal y como está redactado y con el apoyo de la oposición.
“Esto no es un decreto de ley del Gobierno. Es un decreto ley obligado por una sentencia. Por lo tanto, los partidos políticos saben que el Gobierno está atado de pies y manos, saben que el Gobierno no tiene margen para la negociación y saben perfectamente cuáles son las consecuencias de no cumplir la sentencia. Por eso, la responsabilidad del Gobierno, ¿cuál es? Cumplir la sentencia en los términos estrictos fijados por la Comisión para evitar la multa. ¿Y la responsabilidad de los grupos políticos? La misma, acatar la sentencia. Esto no es una cuestión del Gobierno, es una cuestión del Tribunal de Justicia de la UE tras la denuncia de la Comisión. Por eso el real decreto, tras unas negociaciones durísimas, representa el límite de flexibilización máximo que nos ha permitido la Comisión Europea”, subrayó el ministro.
Rechazo
En este sentido, el titular de Fomento insistió en rechazar la posibilidad de enmiendas.
“El escenario de un proyecto de ley en el que contempláramos introducir enmiendas en el Congreso al real decreto acabaría con su remisión de nuevo a la Comisión y la negativa de la Comisión. Ya sabemos cuál es el final. No sólo no evitaríamos la multa sino que el proceso seguiría. Sólo habrá desestimiento de las sanciones cuando se produzca la convalidación de ese real decreto. Este es el compromiso que hemos logrado de la Comisión”.