Fuente: diariodelpuerto.com

«Es el Gobierno de España, y no el sector, quien tiene la responsabilidad de solucionar el problema creado en la estiba a raíz del la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condena a España por prácticas contra la competencia amparadas por una legislación nacional que va contra el artículo 55 del Tratado de la Unión Europea. Hay una oportunidad para arreglar el tema de la estiba y hay que hacerlo con un diálogo en igualdad de condiciones, no impuesto. Y esto va para todas las partes».

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), Joaquín Coello, quien participó como orador en el almuerzo del Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao, celebrado el pasado jueves en la capital vizcaína, llamó al sector a pedir «con fuerza» al Gobierno de España que «arregle» el problema creado por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo «porque es el Gobierno quien tiene esa responsabilidad y quien ha creado el problema publicando una ley que obliga a los estibadores a asociarse en las Sagep y obliga a las empresas a contratar a los estibadores a través de estas sociedades».

Coello añadió que el Gobierno «está obligado por ley» a hacer cumplir una sentencia que dicta que «a nadie se le puede obligar que sea accionista de una empresa o Sagep y que contrate los estibadores a través de esa sociedad. En este sentido, el presidente de Anesco atribuyó al Gobierno la responsabilidad de trasponer la sentencia a las leyes nacionales y advirtió que España no puede estar en desacuerdo con la UE porque, según dijo, «no ha habido jamás en la historia de la humanidad una época en la que fondos públicos se hayan transferido de una entidad supranacional a una entidad nacional a tan gran escala como ha ocurrido entre la UE y España». «El Plan Marshall al lado de los fondos estructurales de la UE es una broma» llegó a decir Coello, quien añadió que si España tiene hoy carreteras, ferrocarriles o aeropuertos «que en muchos casos no necesitamos» es gracias a la UE.

Tasas y sobrecapacidad

En este sentido, Coello sostuvo, en relación a la estiba, que España «está incumpliendo un tratado de la UE y debe resolver el problema creado de verdad, con sinceridad y lealtad», dado que cuando España ha necesitado fondos comunitarios, éstos han llegado, poniendo como ejemplo las obras de ampliación del Puerto de Barcelona, del que él mismo fue presidente, «pagadas con las tasas portuarias y fondos de la UE».

La de las tasas, junto a la estiba y la sobrecapacidad portuaria, fue una de las principales cuestiones abordadas por el presidente de Anesco durante su intervención, en la que apoyado en diversos datos trató, como él mismo advirtió, de reflejar la realidad más que de emitir opiniones. Así, utilizó el dato del 50% de EBITDA y del 20% de resultados de las autoridades portuarias españolas, en contraste con los resultados de las empresas del sector, para cifrar en 1.100 los millones de euros que los puertos españoles tienen «en el banco».

«Ese dinero, pagado con las tasas -dijo Coello-, debería utilizarse no para más infraestructuras sino para mejorar la eficiencia del sistema, y ello pasa por mejorar la estiba». «En España se han hecho inversiones en los puertos en los últimos años del orden de 500 millones de euros anuales y por ello nos encontramos hoy con un sistema portuario que está ocupado en un 50% y con una sobrecapacidad del otro 50%. Si no se hicieran más obras no se saturarían los puertos españoles hasta dentro de 25 años», señaló el presidente de Anesco, quien dijo que las tasas son «innecesariamente altas» y calificó las obras realizadas como «innecesariamente ambiciosas y costosas». «Eso es algo que deberíamos arreglar para que el sistema portuario fuera más eficiente», dijo.

Por último, Coello tomó como ejemplo el de los costes del paso de las mercancías por los puertos y cuantificó en 5 euros por tonelada los costes de manipulación; 1,5 euros las tasas y 0,5 euros los servicios técnico-náuticos. A su juicio, este total de 7 euros por toneladas se podría reducir a 5 euros por toneladas, lo que llevaría a incrementar el PIB en 2.000 millones de euros, a la creación de 20.000 puestos de trabajo y a la mejora de la renta los trabajadores en 1.000 millones. de euros.

«Esa es la tarea que tiene el sector por delante y hay que hacerlo con paz, porque es mucho lo que hay que por ganar», concluyó el presidente de Anesco.